Miguel Roca, político del partido boliviano Comunidad Ciudadana, fue apedreado en el sur de La Paz. También los partidarios del Movimiento al Socialismo, en Santa Cruz, fueron golpeados, y se les impidió realizar un mitin electoral. Un día antes, simpatizantes de ambos partidos habían librado una auténtica batalla callejera en la ciudad de Oruro. Exactamente donde Luis Fernando Camacho, del partido Creemos, fue también el blanco de piedras el 17 de septiembre. Así transcurre la campaña electoral boliviana 2020, antes de las elecciones del próximo 18 de octubre.
Las controvertidas elecciones de hace un año dejaron al menos 35 personas muertas y más de 800 heridos. Mientras tanto, hay temor de que en poco menos de cuatro semanas para las elecciones se produzcan disturbios sangrientos: las divisiones políticas y sociales son demasiado profundas y el clima está demasiado envenenado. Incluso la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la autoridad electoral boliviana han instado ahora a todos los actores políticos y simpatizantes a renunciar a la violencia.
El mundo debería mirar lo que ocurre en Bolivia, pues allí se puede ver lo que sucede cuando un país es gobernado durante casi 14 años por un presidente como Evo Morales, que elimina, por todos los medios, a sus opositores políticos, desconoce la libertad de expresión y se convierte cada vez más en un autócrata de izquierda.
Y que luego, en dudosas circunstancias, es reemplazado por un grupo de poder de derecha liderado por la actual presidenta interina, Jeanine Áñez. Ahora, Morales seguirá las elecciones desde su exilio en Argentina. El lema actual de Áñez es «ojo por ojo, diente por diente»: lo aplica organizando una cacería de los partidarios de Morales y no tiene contemplaciones al acusar a su antecesor de terrorismo. El resultado: caos, disturbios y crisis nacional.
Evo Morales, expresidente de Bolivia.
En estos tiempos es casi imposible encontrar a alguien que tenga una visión neutral e imparcial de Bolivia. El español César Muñoz es uno de ellos. Él ha trabajado para la organización no gubernamental Human Rights Watch durante seis años y conoce Bolivia como la palma de su mano. «La justicia como arma – la persecución política en Bolivia» es el título de su último informe, que revela sin reparos que Bolivia va camino de volver a la Edad de Piedra.
Su conclusión después de 90 entrevistas con políticos, activistas de derechos humanos y testigos de la violencia: «Lo que Bolivia necesita es una reforma judicial. Se necesita un Poder Judicial independiente, que no esté allí para perseguir a los opositores políticos, y que no se utilice como un arma política.”
Al convencido socialista Evo Morales no le gustará escucharlo, pero los paralelismos con EE.UU., país que odia, son evidentes: como Trump, Morales dejó atrás una sociedad completamente polarizada antes de las elecciones, donde derecha e izquierda son irreconciliables. Donde durante años el lema ha sido: ‘Quien no es mi amigo es mi enemigo’. Donde los medios críticos son intimidados y difamados como prensa mentirosa.
Y donde, como ocurre ahora en Estados Unidos, el Poder Judicial es usado como palanca para expandir el propio poder. «Morales ha debilitado sistemáticamente el Poder Judicial, y siempre ha copado los puestos más importantes con sus partidarios», cuenta Muñoz, y recuerda que el expresidente boliviano «atacaba permanentemente a la prensa sin motivo alguno y restringía los derechos de la sociedad civil y de los activistas de derechos humanos».
Las represalias de Áñez
Jeanine Áñez, que se declaró presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, tuvo la gran oportunidad de hacer las cosas de manera diferente: dejar el pasado en el pasado, respetar los derechos humanos y fortalecer la independencia del poder judicial. Pero la conservadora de derecha prefirió pagarles a Morales y a sus partidarios con la misma moneda.
Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia.
Y aún más: Áñez lanzó una cruzada de venganza sin la más mínima consideración por las pérdidas que esto podría ocasionar. Un caso simbólico fue el de Patricia Hermosa, el cual Human Rights Watch siguió meticulosamente, y que incluso el experto Muñoz considera una «consecuencia absurda e incomprensible de las violaciones de los derechos humanos».
Hermosa, exjefa de gabinete y abogada de Morales, fue enviada a prisión por ‘sospecha de terrorismo, financiación del mismo y sedición’. Su único delito fue una llamada telefónica a Evo Morales. En el momento de su encarcelamiento, Hermosa estaba embarazada, y por ello, según la ley boliviana, no debería haber estado en prisión. Sin ningún tipo de atención médica, perdió a su hijo en la cárcel. Pero, incluso después de eso, el Poder Judicial no la dejó ir, porque, según el juez, Hermosa ‘ya no estaba embarazada’.
Sospecha de terrorismo contra Morales, completamente exagerada
César Muñoz también se abrió camino a través de la acusación de 1.500 páginas contra Evo Morales por cargos de terrorismo y financiamiento del terrorismo. «Hemos contado las pruebas de que cometió esos delitos terroristas: ¡son exactamente cero! Todo se basa en una conversación privada en la que Morales sí dice cosas inquietantes. ¿Pero que debería estar 20 años tras las rejas? Eso es absolutamente desproporcionado «.
Inmediatamente después de asumir el cargo, la presidenta interina Áñez emitió un decreto por el cual las Fuerzas Armadas fueron absueltas de cualquier responsabilidad en caso de excesos de violencia contra los manifestantes. Las investigaciones sobre quién tuvo la responsabilidad por la gran cantidad de muertos en octubre y noviembre de 2019 no avanzaron ni un poco en el lapso de casi un año.
En cambio, el gobierno se apega a su versión oficial de que los manifestantes se mataron entre sí, aunque no se encontraron armas entre los fallecidos. Se han ignorado decenas de testimonios de que los perpetradores fueron funcionarios del gobierno.
Jeanine Áñez tampoco pudo evitar echar más leña al fuego cuando dejó la candidatura. Advirtió sobre la pérdida de la democracia y el regreso a la dictadura de Evo Morales. Bolivia, que tiene graves problemas debido a las más de 7.600 muertes por el coronavirus y un sistema de salud desbordado, cuenta con temor los días que faltan hasta las elecciones. Todavía faltan 25, y no hay paz a la vista.
(DW)