El gobierno dominicano anunció ayer que no renovará los contratos de cemento asfáltico (AC30) que fueron suscritos en la pasada gestión por considerarlos ilegítimos.
Según informaron las autoridades, dichos acuerdos se manejaban a entera discreción del ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al amparo de un motivo de excepción mal instrumentado y en violación a la Ley de 340-06 de Contrataciones Públicas.
El viceministro del MOPC, Roberto Herrera, adelantó que “en un principio” dichos contratos no guardaban relación unos con otros. No se ofrecieron más detalles sobre los mismos pero, el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reveló que “hay aspectos de otra naturaleza que están en otros órganos del Estado los cuales deben de actuar conforme a sus funciones y competencias”.
Por lo que, no es descartable la instrumentación de algún expediente judicial en función de irregularidades punibles conforme a la ley.
Sobre la suspensión
Bajo la guía de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el MOPC concluirá con dichos acuerdos siguiendo modalidades distintas y particulares a cada contrato.
Según un documento leído por Herrera, todos comparten el mismo período de vigencia (21 de diciembre de 2018 a 21 de diciembre de 2019) y, mediante adendas, se extendieron en el tiempo para mantener a los beneficiados en el negocio del AC30 con el Estado.
“Lo primero que se observa de los contratos es que no contienen las cláusulas para regular su vigencia, modificación, terminación, resolución, arbitraje, nulidad, sanciones y la solución de controversias.
El artículo 28 de la Ley de Compras contiene las cláusulas de la que debe disponer un contrato para ser considerado como válido entre las que están las ya citadas”, afirmó.
Estas causas serán las esgrimidas para invalidar los acuerdos conforme a las disposiciones legales.
En virtud de las mismas, el MOPC aspira a que la suspensión no provoque sanciones contra el Estado.
Llamado a licitar
En lo adelante, las empresas que aspiren a suplir al MOPC de cemento asfáltico, deberán participar de licitación abierta.
Le entidad es la encargada, entre otras cosas, de la ejecución de las obras civiles del gobierno y tras la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, tendrá todo el peso de las construcciones de escuelas y otras infraestructuras que requieren de AC30.
Desde que las actuales autoridades asumieron el pasado 16 de agosto, han estado revelando la existencia de supuestas irregularidades cometidas durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana durante dieciséis años de gestión ininterrumpida.
El ambiente
— Precaución
En el anuncio hubo mucha cautela. No se identificaron las empresas, se dijo inicialmente que no se habían identificado ilegalidades y se omitieron los montos de los contratos. No obstante, declaraciones de Pimentel auguran la existencia de irregularidades sancionables.