Santo Domingo, República Dominicana.– La Procuraduría Especializada de Persecución al Delito contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (PETT) alertó sobre el incremento de nuevas modalidades de trata de menores en el país, utilizadas por redes criminales para la explotación infantil mediante el microtráfico de drogas, la mendicidad forzada, la explotación laboral y la cibertrata.
La titular de la PETT, Yoana Bejarán, exhortó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y denunciar cualquier situación sospechosa, incluso de manera anónima, para contribuir al combate de este delito que afecta principalmente a niños, adolescentes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
Entre las prácticas detectadas figura el traslado de menores a provincias alejadas de sus lugares de origen con el propósito de romper sus vínculos familiares y dificultar su localización. Según explicó la magistrada, es frecuente encontrar niños trasladados desde provincias como La Romana hacia localidades distantes como Montecristi o Santiago, donde son obligados a mendigar o realizar actividades económicas en beneficio de terceros.
La Procuraduría también advirtió sobre el crecimiento de la cibertrata, una modalidad en la que adolescentes son utilizados para comercializar productos o generar contenido en redes sociales sin recibir remuneración, mientras otras personas obtienen ganancias económicas mediante su explotación.
Asimismo, las autoridades han identificado casos de menores trasladados entre distintas comunidades para vender dulces en semáforos o pedir dinero en las calles, siendo privados del acceso a la educación y obligados a entregar el dinero recaudado a quienes los explotan.
Otra preocupación expresada por la PETT es la utilización de adolescentes por parte de organizaciones dedicadas al microtráfico de drogas. De acuerdo con la entidad, algunos menores son inducidos al consumo de sustancias ilícitas para generar dependencia y posteriormente obligarlos a transportar o distribuir drogas, aprovechándose de su condición de inimputabilidad penal.
La magistrada Bejarán explicó que muchas de estas situaciones tradicionalmente eran vistas como hechos aislados, cuando en realidad constituyen manifestaciones del delito de trata de personas.
En el caso de las mujeres, la Procuraduría indicó que las redes criminales suelen captar a víctimas mediante engaños o relaciones sentimentales, aprovechándose de su situación económica para persuadirlas de transportar drogas hacia Estados Unidos o Europa.
Según informes de las Naciones Unidas citados por la institución, la trata de personas figura entre los delitos más rentables del crimen organizado, compitiendo económicamente con el narcotráfico. Las víctimas suelen ser sometidas a deudas fraudulentas de entre US$3,000 y US$4,000, permaneciendo bajo explotación durante períodos que pueden extenderse entre diez y quince años.
Como parte de la respuesta institucional, la Procuraduría informó que fortaleció la PETT, aumentando su personal de seis a veinte integrantes. Además, creó una unidad especializada en cibertrata y tráfico ilícito de migrantes, implementó un modelo de investigación desarrollado junto a expertos de las Naciones Unidas y amplió la presencia de fiscalías especializadas en zonas de alta incidencia como Sosúa y Boca Chica, con planes de expansión hacia Bávaro-Punta Cana y Samaná.
Las autoridades recordaron que las denuncias pueden realizarse de manera presencial en las fiscalías del país, a través de la línea 809-200-7393, el número 809-480-9192 o mediante el correo electrónico denuncialatratamp@pgr.gob.do, servicios que permanecen disponibles las 24 horas.
La Procuraduría reafirmó que mantiene activos los protocolos de protección integral para las víctimas, ofreciendo refugio temporal, asistencia psicológica, capacitación técnica, programas educativos y apoyo para la reinserción social, con el objetivo de evitar que vuelvan a ser captadas por las redes de trata.
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