La alta corte declaró inadmisible la revisión constitucional presentada por el exministro, mientras el Ministerio Público se prepara para apelar el no ha lugar que lo favoreció.
Santo Domingo. – El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible un recurso de revisión constitucional interpuesto por el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo contra la decisión judicial que permitió a la magistrada Altagracia Ramírez continuar conociendo el caso Calamar, proceso relacionado con una presunta red de corrupción administrativa que involucra a varios exfuncionarios.
La decisión fue adoptada el 1 de septiembre de 2026, aunque se dio a conocer públicamente durante el pasado fin de semana, varios meses después de que la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concluyera la audiencia preliminar del expediente.
El recurso surgió luego de que la defensa de Castillo solicitara apartar a la magistrada del proceso, alegando supuestas actuaciones arbitrarias y cuestionamientos sobre su imparcialidad. A la recusación se sumaron otros imputados, entre ellos los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero.
Tribunal Constitucional explica motivos de la inadmisibilidad
En su sentencia, el Tribunal Constitucional estableció que el recurso presentado no cumplía con los requisitos legales necesarios para admitir una revisión constitucional de una decisión jurisdiccional.
La alta corte recordó que, para que proceda este mecanismo, la decisión impugnada debe haber agotado las vías de recurso disponibles y resolver definitivamente el litigio, de manera que el Poder Judicial quede desapoderado del expediente.
Según el tribunal, esas condiciones no se cumplían en la solicitud presentada por la defensa del exministro, por lo que acogió el planteamiento de inadmisibilidad formulado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Defensas cuestionaron actuación de la Corte de Apelación
La controversia se originó cuando la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó, en abril de 2025, la recusación contra la magistrada Ramírez.
En aquella oportunidad, el tribunal consideró que la jueza había actuado dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, conforme a los artículos 149 y 151 de la Constitución y el artículo 72 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, los abogados Luis Miguel Rivas Hirujo, representante de Gonzalo Castillo, y Manuel Alejandro Rodríguez, defensor de Donald Guerrero, cuestionaron la resolución por considerar que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva.
Las defensas alegaron que la corte decidió el incidente en pocos minutos, sin examinar adecuadamente sus argumentos ni valorar las pruebas presentadas para sustentar la recusación.
También sostuvieron que la resolución carecía de motivación suficiente y no explicaba de manera clara la valoración del informe presentado por la magistrada cuestionada.
Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta fueron favorecidos con un no ha lugar
Pese a los cuestionamientos formulados durante el proceso, la jueza Altagracia Ramírez dictó posteriormente un auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, al rechazar la acusación presentada contra ambos por el Ministerio Público.
La decisión impidió, en esa etapa procesal, que los dos exfuncionarios fueran enviados a juicio de fondo por los hechos que les atribuía el órgano acusador.
No obstante, el Ministerio Público recurrió el fallo, al considerar que existen fundamentos para mantener la acusación contra ambos exministros.
Apelación será conocida el 16 de noviembre
La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tiene previsto conocer el próximo 16 de noviembre la primera audiencia del recurso presentado por el Ministerio Público contra el no ha lugar que favoreció a Castillo y Peralta.
El caso Calamar involucra a más de treinta imputados enviados a juicio, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El proceso continúa en distintas etapas judiciales, mientras los tribunales conocen los recursos presentados tanto por las defensas como por el órgano acusador.
