Santo Domingo.– La alta carga impositiva y el constante aumento de las exigencias regulatorias continúan representando uno de los principales desafíos para las micro, pequeñas y medianas empresas de República Dominicana, especialmente durante sus primeros años de operación.
La situación preocupa al sector empresarial, debido a que los impuestos y nuevos requerimientos inciden directamente en los costos operativos y en la capacidad de los negocios para crecer, invertir y generar empleos.
El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), Fantino Polanco, señaló que la carga tributaria figura entre los principales factores que afectan la competitividad empresarial.
A esta realidad se suman las recientes reformas legislativas y otras que permanecen en discusión, relacionadas con áreas como el Código Penal, la Ley de Residuos Sólidos, el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Aunque estas modificaciones buscan actualizar y fortalecer el marco regulatorio, representan nuevos compromisos para los empresarios.
Impuesto a las transferencias
Entre las medidas que han generado mayor preocupación se encuentra el incremento del impuesto a las transferencias electrónicas, que pasó de 0.15 % a 0.20 %, como parte del plan anticrisis aprobado por el Gobierno para aumentar las recaudaciones fiscales.
Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Comercio, Lucile Houellemont, consideró poco probable que este aumento provoque una reducción significativa del uso de las transacciones electrónicas, debido al avance de la digitalización y la facilidad que ofrecen estos mecanismos para realizar negocios.
Los representantes empresariales también valoraron el proyecto del Banco Central de la República Dominicana para implementar un sistema de pagos instantáneos durante el primer semestre de 2027.
Según Polanco, esta iniciativa podría convertirse en un incentivo para la bancarización, al ofrecer a ciudadanos y empresas mayores beneficios y facilidades para realizar operaciones financieras.
El sector empresarial considera que el reto no consiste únicamente en reducir la carga tributaria, sino también en simplificar las regulaciones, facilitar el acceso al financiamiento y crear condiciones que permitan a las mipymes aumentar su productividad y competitividad.
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