La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional mantuvo la prisión preventiva para siete procesados y varió la medida de Elsa de la Rosa Vásquez, quien deberá cumplir arresto domiciliario y utilizar un dispositivo electrónico de localización.
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este miércoles la prisión preventiva contra siete de los ocho imputados que recurrieron las medidas de coerción en el caso Senasa 2.0, mientras que modificó la medida impuesta a Elsa de la Rosa Vásquez, a quien dispuso arresto domiciliario y uso de grillete electrónico.
La decisión fue adoptada después de más de diez horas de audiencia, durante las cuales el tribunal conoció los recursos de apelación presentados por los procesados, investigados por su presunta vinculación con un esquema de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Los recurrentes son Laura Santana, Hannah Rodríguez, Angeury Guzmán, Juan G. Ravelo, Juan H. Poueriet, Elsa de la Rosa, Wander Díaz e Ysabel Heredia. De este grupo, únicamente De la Rosa consiguió una modificación de la medida de coerción.
Los argumentos de la corte
El tribunal estuvo integrado por los jueces Ysis Muñiz, Teófilo Andújar e Ingrid Fernández. Durante la lectura de la decisión, Muñiz explicó que los imputados presentaron elementos para demostrar arraigo en el país, entre ellos domicilio fijo y vínculos laborales, familiares, sociales y económicos.
Sin embargo, precisó que esas condiciones no son suficientes, por sí solas, para descartar el peligro de fuga. También deben valorarse la gravedad de los hechos investigados, el posible daño causado a las víctimas y a la sociedad, la importancia de una eventual reparación y las penas que podrían imponerse.
En cuanto a Elsa de la Rosa, la corte consideró que existía una «manifiesta desproporción» al comparar individualmente los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público en su contra con los correspondientes a los demás imputados. Esa valoración justificó la imposición de una medida menos gravosa.
La corte también rechazó los cuestionamientos de las defensas contra la declaratoria de complejidad del proceso y desestimó los planteamientos relacionados con la motivación de la resolución recurrida.
Un magistrado emitió voto disidente
La decisión fue adoptada por mayoría de votos. El magistrado Teófilo Andújar expresó su desacuerdo y consideró que debían acogerse los recursos de apelación y sustituirse las medidas de coerción por una garantía económica de RD$50,000 en efectivo para cada imputado, presentación periódica e impedimento de salida del país.
A la salida de la audiencia, el procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, destacó que el tribunal rechazó todos los recursos, con excepción del presentado por De la Rosa.
Camacho sostuvo que la imputada admitió ante la corte hechos que había negado en otras instancias. Asimismo, señaló que la medida impuesta continúa siendo privativa de libertad, debido a que combina el arresto domiciliario con el uso de un dispositivo electrónico de localización.
Investigación por facturaciones médicas irregulares
El caso Senasa 2.0, denominado por el Ministerio Público Operación Cobra 2.0-A, involucra a médicos, exempleados de la aseguradora estatal y otras personas señaladas por su presunta participación en autorizaciones y facturaciones irregulares de servicios de salud.
De acuerdo con las investigaciones, el supuesto esquema incluía el cobro de consultas y estudios especializados que no habrían sido ofrecidos a los afiliados.
El expediente recoge 4,363 solicitudes relacionadas con cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, realizadas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, por un monto acumulado de RD$41,125,551.02.
El Ministerio Público atribuye a los imputados presuntos delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.
Cuando conoció inicialmente las solicitudes de medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena Ferreras impuso distintas medidas a los procesados, declaró complejo el expediente y otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para completar la investigación.
Las imputaciones forman parte de una investigación judicial y deberán ser determinadas conforme avance el proceso y se conozcan las responsabilidades individuales.
