SANTO DOMINGO — La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la Nación de Colombia firmaron este domingo un acuerdo para la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), mecanismo diseñado para optimizar la cooperación jurídica internacional en la persecución del crimen organizado transnacional.
El convenio, enmarcado en la Convención de Palermo de las Naciones Unidas (ONU) y respaldado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), fue suscrito por la procuradora general dominicana, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón.
Durante el acto, Reynoso destacó que esta iniciativa busca elevar los estándares de protección ciudadana y consolidar el combate contra delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico ilícito de migrantes. Se trata de la segunda alianza de este tipo establecida por República Dominicana, tras un primer ECI conformado con las autoridades judiciales de Chile.
Por su parte, Camargo Garzón resaltó que este representa el ECI número 18 concretado por la Fiscalía de Colombia. La titular colombiana enfatizó la importancia del intercambio metodológico de informaciones y el rastreo de las finanzas criminales para desmantelar las estructuras operativas. «Hay que seguir la ruta del dinero, aquello que permite que una organización movilice a las víctimas entre ambos países», sostuvo.
Marco legal y alcance de la cooperación
La creación de este mecanismo se ampara en el artículo 161 del Código Procesal Penal dominicano (Ley núm. 97-25), el cual faculta al Ministerio Público para coordinar investigaciones transnacionales bajo la dirección de los fiscales y el control jurisdiccional correspondiente.
El Equipo Conjunto de Investigación articulará el trabajo de las fiscalías de ambas naciones para actuar con mayor efectividad frente a la delincuencia organizada, la trata de personas, los delitos económicos y la corrupción.
En la firma del acuerdo participaron diplomáticos y altos mandos judiciales de ambos países, entre ellos el viceministro de Política Exterior Multilateral dominicano, Rubén Silié; el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejaran; así como directivas de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Fiscalía de Colombia y representantes de la UNODC.
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