SANTO DOMINGO. – El ritmo de muertes ocurridas en el marco de presuntos enfrentamientos con la Policía Nacional se mantiene elevado durante los primeros días de octubre, registrándose al menos 20 fallecidos a manos de agentes del orden. La cifra se suma a los 55 decesos reportados en septiembre, mes que cerró como el de mayor letalidad policial en el año.
De acuerdo con los informes de la institución del orden, las personas fallecidas contaban con órdenes de captura y eran buscadas por su presunta vinculación en delitos graves como homicidios, robos a mano armada y despojo de vehículos. La acumulación de estos casos ocurre mientras la Policía reporta un total de 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución.
Exhortación oficial e investigación reservada
La intensificación de las acciones policiales ha llevado a que personas requeridas por la Justicia hayan decidido entregarse voluntariamente tras el pronunciamiento del presidente Luis Abinader, quien advirtió que quienes mantengan órdenes pendientes deben presentarse ante las autoridades para evitar consecuencias mayores.
Ante la inquietud social sobre las circunstancias de estas muertes, la Procuraduría General de la República (PGR) rehusó ofrecer estadísticas consolidadas y protocolos de actuación aplicados en estos casos, amparándose en la reserva de las investigaciones penales y la protección de datos personales.
Juristas exigen pesquisas independientes a la gestión policial
En respuesta a la cifra de fallecidos, un grupo de abogados encabezado por Carlos Balcácer, Cándido Simón y Manuel Sierra Pérez solicitó formalmente al Ministerio Público la apertura de una investigación independiente sobre la muerte de al menos 47 jóvenes en operativos policiales recientes.
Los juristas fundamentan su reclamo en la necesidad de determinar posibles responsabilidades penales mediante la revisión de autopsias, peritajes balísticos, grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios. Asimismo, advierten que las labores de seguridad ciudadana deben desarrollarse bajo el estricto cumplimiento del debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales.
