El presidente Luis Abinader dispuso la noche del lunes la paralización “inmediata” de toda actividad minera en el proyecto Romero, ubicado en la provincia San Juan, al considerar inviable su continuidad ante el rechazo de la población.
Durante un discurso dirigido al país, el mandatario explicó que la decisión se sustenta en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, los cuales establecen que proyectos de esta naturaleza no pueden avanzar sin el respaldo social. “Si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo”, afirmó.
El jefe de Estado enfatizó que su gobierno actúa en función de escuchar a la ciudadanía. “Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, señaló.
Sobre el concepto aplicado, Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, explicó que se trata de la denominada “licencia social”, derivada de los procesos de consulta pública y contemplada también en la normativa de ordenamiento territorial, donde la participación ciudadana es vinculante.
Carvajal indicó que dicha licencia nunca fue obtenida por la empresa Gold Quest, lo que se evidenció en las protestas realizadas por comunidades que se oponen al proyecto, el cual contaba únicamente con permisos de exploración.
El presidente Abinader precisó que la iniciativa tiene antecedentes desde 2005, con concesiones de exploración que fueron reiteradas en 2010 y posteriormente renovadas con autorizaciones para estudios técnicos en 2015 y 2018. No obstante, aclaró que durante su administración el proyecto se mantuvo en fase de evaluación ambiental, sin contar con autorización para la explotación de minerales.
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