La iniciativa contempla multas, trabajo comunitario y agravantes penales para quienes prioricen videos o fotografías sobre la asistencia a personas en peligro
Santo Domingo. Las personas que graben, fotografíen o difundan imágenes de ciudadanos en estado crítico sin haber realizado previamente una acción de auxilio podrían ser sancionadas con multas económicas, trabajo comunitario obligatorio e incluso enfrentar agravantes legales si su omisión contribuye al fallecimiento o empeoramiento de la víctima, según un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados.
La propuesta legislativa, sometida por la diputada oficialista Elida Yalis Soto, busca regular la conducta de los ciudadanos ante situaciones de emergencia y establecer obligaciones mínimas de actuación cuando la vida o la integridad física de una persona se encuentre en riesgo inminente.
Entre las conductas prohibidas figura priorizar la grabación de videos o la toma de fotografías sobre la asistencia a la víctima, así como difundir imágenes de personas en estado crítico sin haber alertado previamente a los organismos de socorro.
La iniciativa establece que toda persona que presencie una emergencia deberá notificar de inmediato al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, permanecer en el lugar cuando las condiciones lo permitan y ofrecer ayuda básica de acuerdo con sus conocimientos y capacidades, siempre que esto no represente un peligro para su propia seguridad.
El proyecto sería aplicable a accidentes de tránsito, emergencias médicas, riñas, hechos violentos, desastres naturales y cualquier otra situación que implique riesgo de muerte o lesiones graves.
Asimismo, la pieza legislativa prohíbe abandonar a una persona en estado crítico sin haber realizado al menos la llamada a los servicios de emergencia cuando exista la posibilidad de hacerlo.
Uno de los aspectos más novedosos de la propuesta es la creación de una figura de protección legal para el denominado «Buen Samaritano», mediante la cual las personas que actúen de buena fe para auxiliar a una víctima quedarían exentas de responsabilidad civil o penal por daños no intencionales derivados de su intervención, siempre que no hayan actuado con negligencia o imprudencia grave.
La legislación también contempla la implementación del protocolo nacional «Salvar Vidas», un conjunto de acciones básicas que incluyen identificar peligros, alertar al 9-1-1, evaluar el estado de la víctima, evitar movilizarla innecesariamente, brindar asistencia dentro de las posibilidades de cada ciudadano y respetar la dignidad de los afectados absteniéndose de grabar o difundir imágenes.
Además, el proyecto ordena al Estado desarrollar campañas permanentes de concienciación, programas de capacitación en primeros auxilios y la inclusión de contenidos relacionados con la respuesta ante emergencias dentro del sistema educativo nacional.
La iniciativa permanece bajo estudio de la Comisión de Presidencia de la Cámara de Diputados y solo espera la emisión de un informe para ser sometida al conocimiento y votación del Pleno.
La propuesta surge en medio de un creciente debate social sobre la práctica de grabar accidentes, tragedias y situaciones de riesgo para compartirlas en redes sociales, una conducta que, según sus promotores, muchas veces retrasa la asistencia o vulnera la dignidad de las víctimas en momentos críticos.
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