El Ministerio Público sostiene que los acusados desviaron recursos destinados a pacientes oncológicos y afectaron fondos administrados por SeNaSa mediante un esquema de fraude y lavado de activos.
Santiago.– Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este martes la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra tres directivos vinculados al denominado caso Onco14, acusados de presuntamente sustraer millones de pesos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para beneficio personal.
El órgano persecutor solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado caso complejo, debido a la magnitud de los hechos investigados y la cantidad de pruebas reunidas durante las pesquisas.
Entre los imputados figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal acusado.
Según el Ministerio Público, la acusación está sustentada en 155 elementos de prueba, entre ellos 32 testimoniales, tres periciales, 42 documentales, 14 materiales y 37 procesales.
La audiencia fue fijada para este martes a las 4:30 de la tarde, luego de que el conocimiento de la medida fuera aplazado el pasado viernes.
Presunto esquema de fraude
De acuerdo con la investigación, los imputados habrían desarrollado un entramado destinado a desviar recursos económicos provenientes de servicios médicos y fondos relacionados con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), afectando directamente a pacientes oncológicos de escasos recursos.
Entre las principales irregularidades señaladas por el Ministerio Público figuran la presunta creación de mecanismos para alterar indicaciones médicas, generar facturas fraudulentas y emitir órdenes de estudios utilizando sellos y talonarios médicos sin la participación de los especialistas correspondientes.
La acusación también establece que los imputados habrían impedido la entrega gratuita de medicamentos donados a pacientes con cáncer para posteriormente comercializarlos, incluyendo fármacos de alto costo utilizados en tratamientos de quimioterapia.
Asimismo, se les atribuye la realización de dobles facturaciones de medicamentos, el suministro de dosis incompletas mientras se cobraban tratamientos completos y la sustitución de medicamentos biológicos originales por versiones genéricas de menor costo para obtener beneficios económicos indebidos.
Desvío de fondos y lavado de activos
La investigación también señala que la empresa Vargas Guzmán Accounting Center, presuntamente vinculada a una de las imputadas, habría sido utilizada para controlar procesos de facturación y facilitar el desvío de recursos de la institución.
De igual manera, el expediente establece que la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida habría sido utilizada como mecanismo para canalizar recursos y realizar operaciones comerciales aprovechando exoneraciones fiscales otorgadas al Patronato.
El Ministerio Público sostiene además que los acusados cobraban comisiones ilícitas a proveedores, eliminaron registros digitales para dificultar la trazabilidad de las operaciones, intentaron sustraer documentación institucional y desmantelaron controles internos destinados a garantizar la transparencia administrativa.
Las autoridades también investigan operaciones financieras que podrían constituir lavado de activos, al considerar que parte de los recursos presuntamente sustraídos fueron incorporados al sistema financiero mediante diferentes transacciones.
Impacto en pacientes y servicios de salud
La acusación indica que las acciones atribuidas a los imputados afectaron directamente los recursos destinados a pacientes con cáncer de las 14 provincias del Cibao, además de comprometer fondos públicos administrados a través de SeNaSa.
El Ministerio Público asegura que los hechos provocaron graves daños económicos al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y limitaron la capacidad de respuesta de una institución dedicada a la atención de pacientes oncológicos de escasos recursos.
La decisión que adopte el tribunal este martes marcará el rumbo inicial de uno de los casos de presunta corrupción privada y administrativa más relevantes conocidos recientemente en la región Norte del país.
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