WASHINGTON. El Gobierno de Estados Unidos hizo un llamado urgente este miércoles a la comunidad internacional para que ponga fin de inmediato a sus operaciones comerciales con Nicaragua. La solicitud, realizada por el secretario de Estado Marco Rubio, surge tras la aprobación en primera legislatura de una reforma constitucional impulsada por el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, la cual amplia el período presidencial a siete años y prohíbe la participación de opositores en elecciones, consolidando el control del régimen e impidiendo la celebración de comicios libres en el país centroamericano.
El pronunciamiento oficial En sus declaraciones, Rubio afirmó que la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control del régimen, «socavó la ficción democrática» con el objetivo de perpetuar una «dinastía ilegítima». El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que ningún gobierno que vulnere los derechos inalienables de sus ciudadanos debe disfrutar de los mismos beneficios económicos o políticos que las naciones comprometidas con la paz y la seguridad regional. Asimismo, confirmó que la administración de EE. UU. continuará identificando e implementando sanciones contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno nicaragüense, promoviendo acciones en foros multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Alcance y tiempos de la enmienda La reforma promovida por Ortega —quien gobierna desde 2007 junto a su esposa Rosario Murillo— descalifica de cargos de elección popular a quienes sean catalogados como «traidores a la patria». Para entrar en vigor definitivo, la enmienda aprobada requerirá una segunda ratificación por parte de la Asamblea Nacional en la legislatura que se desarrollará entre enero y diciembre de 2027. Este cambio en los plazos constitucionales aplaza el calendario electoral del país: las elecciones generales que estaban previstas para noviembre de 2026 pasarán a celebrarse en noviembre de 2027.
Antecedentes regionales El llamado de Washington se suma a la reciente decisión del Consejo Permanente de la OEA, que hace dos semanas aprobó la convocatoria de una reunión de cancilleres para abordar el deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua. La medida estadounidense se alinea con la serie de sanciones e instrumentos de presión diplomática que la Casa Blanca ha mantenido de forma continua contra funcionarios e instituciones del régimen de Managua por persecución política y represión a la oposición.
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