El Senado aprobó una modificación al nuevo Código Penal para otorgar más tiempo a las compañías en la implementación de mecanismos de prevención, supervisión y cumplimiento de la legislación.
Santo Domingo. – La Cámara de Diputados tiene previsto conocer este martes un proyecto de ley que busca aplazar hasta 2028 la aplicación de las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la responsabilidad penal de las empresas, luego de que representantes del sector empresarial solicitaran un plazo adicional para adecuarse a las nuevas exigencias legales.
La iniciativa, aprobada previamente por el Senado de la República mediante un procedimiento acelerado, procura modificar el calendario de aplicación de las sanciones penales a las personas jurídicas, cuyo inicio está previsto para el próximo 5 de noviembre.
La comisión coordinadora de la Cámara Baja incluyó el proyecto en la agenda de la sesión ordinaria convocada para las 10:00 de la mañana, ante la proximidad del vencimiento del plazo establecido.
Empresas solicitan más tiempo para cumplir con la ley
El senador Rafael Barón Duluc, proponente de la modificación legislativa, argumentó que las empresas necesitan un período de adaptación para establecer los mecanismos internos que exige la nueva normativa.
Entre estas obligaciones figuran la implementación de programas de cumplimiento, políticas de prevención de delitos, sistemas de supervisión, controles administrativos y procedimientos disciplinarios destinados a evitar irregularidades.
El legislador explicó que la contratación de servicios especializados para desarrollar estos mecanismos puede representar un costo considerable para las compañías.
Según indicó, algunas firmas cobran hasta 20,000 dólares por instalar sistemas de prevención y supervisión empresarial, una inversión que podría resultar especialmente significativa para determinadas organizaciones.
¿Qué establece el nuevo Código Penal sobre las empresas?
El artículo 8 del nuevo Código Penal contempla la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas por determinadas actuaciones u omisiones cometidas por sus órganos, representantes o subordinados en el ejercicio de sus funciones.
La normativa establece que, al evaluar una posible infracción, las autoridades judiciales deberán considerar los mecanismos de supervisión existentes, la capacitación del personal, los protocolos internos y los controles establecidos para prevenir conductas ilícitas.
Esto implica que las investigaciones no se limitarían exclusivamente a la actuación individual de un empleado, sino que también podrían examinar posibles deficiencias en la estructura de control y supervisión de la empresa.
Las nuevas disposiciones buscan fortalecer la responsabilidad institucional y promover mecanismos de prevención de delitos dentro de las organizaciones.
Sector empresarial respalda la prórroga
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) han solicitado al Congreso aprobar la modificación para facilitar una implementación ordenada del régimen de responsabilidad penal empresarial.
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Sin embargo, la propuesta también ha generado diferencias entre legisladores. Mientras algunos consideran necesario conceder más tiempo, otros sostienen que las empresas deben someterse a las disposiciones legales sin excepciones.
El diputado Carlos Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía, ha manifestado su oposición al aplazamiento, argumentando que el sector empresarial ha contado con tiempo para prepararse.
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Congreso enfrenta plazo decisivo
Si la Cámara de Diputados aprueba la iniciativa sin modificaciones en dos lecturas, el proyecto quedaría listo para su remisión al Poder Ejecutivo, que tendría la facultad de promulgarlo u observarlo.
En cambio, si los diputados introducen cambios, el texto deberá regresar al Senado para una nueva revisión.
La propuesta busca trasladar específicamente al 5 de noviembre de 2028 la aplicación de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, sin modificar el calendario de las demás disposiciones vigentes.
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De no aprobarse y entrar en vigor la modificación antes del próximo jueves, las disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas comenzarían a aplicarse el 5 de noviembre de 2026, conforme al calendario legal establecido.
La decisión de los diputados será determinante para definir si las empresas dominicanas dispondrán de dos años adicionales para adaptar sus estructuras administrativas y mecanismos de cumplimiento a las nuevas exigencias penales.
