El tribunal declaró el proceso complejo y otorgó arresto domiciliario a una tercera imputada tras valorar su colaboración con la investigación del Ministerio Público
Santiago, RD. La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso este lunes 18 meses de prisión preventiva contra dos de los principales imputados en la Operación Onco14, acusados de integrar una presunta red que habría defraudado al Estado dominicano mediante irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La medida de coerción fue impuesta contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, y Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta.
En tanto, el tribunal dispuso arresto domiciliario para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato, luego de que el Ministerio Público modificara su solicitud inicial al considerar la colaboración ofrecida por la imputada durante el proceso investigativo.
Asimismo, la jueza declaró el expediente como caso complejo, debido a la magnitud de los hechos y la cantidad de pruebas que forman parte de la investigación.
Presunta estructura para desviar fondos públicos
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, la denominada Operación Onco14 desmanteló una presunta estructura criminal que operaba desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Las autoridades sostienen que la organización habría desviado recursos públicos destinados a la atención de pacientes con cáncer, afectando al Estado dominicano, al Senasa y a beneficiarios del régimen subsidiado de salud.
Ministerio Público destaca fortaleza de las pruebas
La fiscal Mirna Ortiz, en representación del Ministerio Público, afirmó que el tribunal acogió la solicitud de coerción al considerar que existían suficientes elementos probatorios para vincular a los imputados con los hechos investigados.
«El tribunal ha reconocido que la solicitud de medida de coerción es bastante robusta y que el Ministerio Público ha aportado pruebas más que suficientes para establecer el vínculo de los imputados con los hechos, incluyendo evidencias de carácter pericial», expresó Ortiz.
Colaboración influyó en la decisión
La representante del órgano persecutor explicó que la variación del pedimento contra Dilcia Isabel Vargas Sánchez respondió a la colaboración que esta ha brindado durante la investigación.
«El Ministerio Público ha reconocido la condición de aquellos imputados que admiten su responsabilidad, están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos y, por consiguiente, tienen menos interés de sustraerse del proceso. Eso fue lo que ocurrió con la señora Dilcia», indicó.
Con la declaratoria de caso complejo, el Ministerio Público dispondrá de un mayor plazo para profundizar las investigaciones sobre la presunta red de corrupción, mientras los principales imputados permanecerán bajo prisión preventiva durante el desarrollo del proceso judicial.
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