Los fondos se destinarán a obras de infraestructura, saneamiento y agua potable en varias provincias; el Gobierno alega desaceleración económica por factores externos.
Santo Domingo.– Luego de más de 14 horas de sesión y tras aprobar la reforma al Código Penal, la Cámara de Diputados dio luz verde, pasada las 3:00 de la madrugada de este jueves, a tres préstamos por un total de US$ 615 millones, firmados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Los fondos serán utilizados en programas que abarcan infraestructura vial, agua potable, saneamiento urbano y fortalecimiento institucional. El primer préstamo, de US$ 35 millones del CAF, financiará la ampliación del acueducto barrera de salinidad de Santo Domingo, a través de la CAASD.
Otro préstamo, por US$ 200 millones con el BID, estará destinado al desarrollo de diseños de ingeniería y estudios para rehabilitar y reconstruir puentes en el país, incorporando criterios de resiliencia climática y prevención ante desastres naturales, así como la adquisición de equipos tecnológicos de monitoreo estructural e hidrometeorológico.
El tercero, de US$ 380 millones, se dirigirá al Programa de Saneamiento Universal en Ciudades Costeras y Turísticas, como La Romana, San Pedro de Macorís e Higüey, a cargo del INAPA. Este busca mejorar la cobertura de servicios de saneamiento y optimizar la eficiencia operativa de instituciones como Coaarom y la propia Inapa.
Los tres empréstitos fueron enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo, en un contexto económico marcado por una desaceleración del crecimiento, reconocida por el presidente Luis Abinader, quien el pasado lunes, durante su intervención en La Semanal, atribuyó la situación a las políticas monetarias internacionales.
“A pesar de que hemos disminuido el crecimiento, yo sé que la población lo está sintiendo, pero esto responde a las circunstancias internacionales y nuevas políticas del Gobierno de Estados Unidos en relación con las tasas”, declaró el mandatario.
Las decisiones del Congreso tocan sectores estratégicos como agua, salud pública, planificación urbana, movilidad y medioambiente, y tendrán un impacto directo en las provincias mencionadas, así como en la ciudad capital. La sesión fue una de las más intensas del año legislativo.
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