Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales ocurridas en 2021 en sus residencias de Punta Cana, en República Dominicana, y Lyford Cay, en Bahamas, según una investigación publicada este martes por elDiario.es y Univision Noticias. Las denuncias ya están en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha abierto diligencias preliminares.
“A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible”, relató una extrabajadora al describir la mansión del artista en Punta Cana. Su testimonio forma parte de una investigación desarrollada durante tres años, en la que los periodistas entrevistaron a 15 personas que trabajaron entre finales de los años 90 y 2023 en propiedades del cantante en República Dominicana, Bahamas y España.
Según el reportaje, las víctimas —una empleada del hogar y una fisioterapeuta— aseguran haber sufrido episodios de acoso, agresiones y violencia sexual por parte de Iglesias, quien actualmente tiene 82 años. Los hechos habrían ocurrido con conocimiento de las responsables de la gestión del hogar y de la contratación del personal.
El artículo, firmado por nueve periodistas de ambos medios, señala que Julio Iglesias no respondió a ninguno de los intentos de contacto realizados por los equipos de investigación ni por sus representantes legales. La Agencia EFE también intentó obtener la versión del entorno del cantante, sin éxito.
Las mujeres presentaron una denuncia el pasado 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Según el contenido de la denuncia al que accedió elDiario.es, los hechos podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, además de acoso sexual, agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones laborales abusivas.
De acuerdo con la legislación española, los tribunales pueden investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando los presuntos responsables sean españoles o hayan adquirido la nacionalidad española, lo que otorga competencia a la Audiencia Nacional para este tipo de casos.
Tras conocerse la investigación, el Gobierno español reclamó que se llegue “hasta el final” para que no exista “ningún espacio de impunidad”. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que no se mirará “hacia otro lado” y expresó respeto por el trabajo periodístico publicado.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó que “ante el machismo no se puede mirar para otro lado” y subrayó que, sin cuestionar la presunción de inocencia, la ley española protege a las víctimas: “Cuando no hay consentimiento, hay agresión”.
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