El tribunal ordenó el cese de la prisión preventiva y estableció arresto domiciliario, con presentación periódica, además de impedimento de salida y la utilización de un grillete electrónico.
La imputada de usurpar funciones en el área de la salud, en violación a la Ley General de Salud 42-01, el artículo 405 del Código Penal Dominicano y el artículo 62 de la Ley General de Educación No. 66-97, recibió en junio pasado tres meses de prisión preventiva que le impuso el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional como medida de coerción por ese delito.
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