Ashby se muestra sorprendido por los cargos y describió anteriormente a Rocha como un individuo “enérgico” y orientado al negocio, destacando su fuerte anticomunismo y afinidad por el Partido Republicano. La trama surge en un contexto donde Estados Unidos mantiene 5.913 reclamaciones certificadas contra Cuba, con un valor estimado de 8,7 mil millones de dólares.

Los reclamos sobre propiedades en Cuba son un punto clave en la política del embargo estadounidense, y la resolución de estos es necesaria antes de que dicho embargo pueda ser levantado.

En 2007, Carolyn Chester, hija de un ex periodista vinculado al derrocado dictador Fulgencio Batista, rechazó una oferta de Rocha y Ashby por considerarla desproporcionadamente baja, profundizando la desconfianza en las intenciones de la operación. Jason Poblete, experto en reclamaciones, sugirió al Miami Herald que Cuba podría haber buscado maneras alternativas de eliminar amenazas legales asociadas a las reclamaciones para atraer inversión extranjera.

Los esfuerzos de Rocha y Ashby se terminaron luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros señalase que transferir reclamaciones certificadas necesitaría autorización, lo cual nunca obtuvieron a pesar de invertir en cabildeo.

Pese a las dudas sobre su legalidad, Ashby argumentó que el plan cumplía estrictamente con las normas y que lo concebía como una oportunidad de negocios que podría haber propiciado un acuerdo con el gobierno cubano.

Esta imagen proporcionada por el Departamento de Justicia muestra a Manuel Rocha durante una reunión con un empleado encubierto del FBI (Departamento de Justicia vía AP)

Ashby, en su rol previo en el Departamento de Comercio y su influencia en la Fundación Heritage, relató que funcionarios cubanos se le habían acercado con la intención de resolver las reclamaciones en el pasado. Figuras adicionales como el empresario colombiano Rodrigo Arboleda y el ex embajador de Canadá en La Habana, Mark Entwistle, aparecen relacionados con las actividades empresariales que buscaban gestionar los derechos de propiedad en disputa.

La investigación reveló que Rocha, a quien se consideraba un individuo preocupado por el dinero y obsesionado con ascender a la aristocracia estadounidense, habría comenzado su relación con la inteligencia cubana durante una estancia en Chile en 1973. “En cierto sentido, Rocha y los demás fueron reclutados durante la Guerra Fría, y son reliquias de esa época”, señaló Ricardo Zúñiga, ex diplomático estadounidense, en The Wall Street Journal.

De acuerdo a ese medio, el dictador Fidel Castro se interesó mucho por los funcionarios estadounidenses de origen hispano. Principalmente en aquellos que podrían haber simpatizado con La Habana porque no estaban de acuerdo con las políticas de Estados Unidos en América Latina. En Rocha se cumplió su creencia.

Documentos presentados en la causa penal revelan que Rocha elogió la revolución cubana y alardeó sobre su labor para las agencias de inteligencia de Cuba en conversaciones grabadas con un agente encubierto del FBI. Funcionarios de inteligencia como William Evanina y ex agentes cubanos sugieren que su motivación ideológica probablemente facilitó su reclutamiento y cooperación con la inteligencia cubana, compartiendo información sensible que probablemente fue pasada a Rusia.

La carrera diplomática de Rocha terminó tras un incidente conocido como “El Rochazo”, cuando durante las elecciones presidenciales de Bolivia en 2002, su intervención provocó un efecto contrario al deseado, contribuyendo al fortalecimiento de la candidatura de Evo Morales. Sus acciones, vistas en ese momento como un error, ahora podrían replantearse como un acto criminal si se confirma su colaboración con Cuba en aquel período.