Santo Domingo. – El Ministerio de la Mujer expresó su rechazo a la versión aprobada por el Senado del proyecto de reforma al Código Penal, calificándola como un grave retroceso en la protección de los derechos humanos, especialmente para mujeres, niñas y adolescentes.
La institución alertó que las nuevas disposiciones ignoran recomendaciones técnicas y científicas presentadas por años ante el Congreso, y denunció la distorsionada tipificación del feminicidio, así como la eliminación de elementos que permiten distinguirlo de un homicidio común, debilitando su aplicación y reconocimiento como crimen de género.
El Ministerio también manifestó su preocupación por la forma en que el proyecto aborda el acoso y el acoso sexual, al reducir penas, fragmentar los tipos penales y excluir el acoso callejero y digital, desvirtuando su gravedad como violencia de género.
En cuanto a la violencia intrafamiliar y contra la mujer, el órgano rector afirmó que la nueva propuesta representa un retroceso respecto a la Ley 24-97 y contradice obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos.
Sobre las órdenes de protección, el Ministerio considera necesario ampliar su alcance para incluir delitos como violencia sexual, trata de personas y acoso, garantizando así una protección más eficaz e integral.
También criticó que la violencia de género no se clasifica adecuadamente en el proyecto, lo que impide al sistema judicial aplicar debidamente los principios de legalidad y protección diferenciada.
La entidad denunció además que la reforma debilita el tratamiento penal de los delitos sexuales, con penas bajas, definiciones ambiguas y falta de claridad sobre el consentimiento.
Finalmente, reiteró la urgencia de incluir las tres causales para la interrupción del embarazo (riesgo para la vida de la mujer, embarazo por violación o incesto, y malformación del feto incompatible con la vida), como parte de un marco legal que respete la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres.
El Ministerio hizo un llamado al Congreso Nacional a enmendar el proyecto y trabajar en una legislación penal justa, moderna y respetuosa de los derechos humanos, en línea con los principios constitucionales y compromisos internacionales del país.
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