El presidente de la Cámara de Diputados lamenta el tono usado por Raquel Arbaje y sus hijas en una carta crítica a la reforma penal; el Congreso mantiene criminalización del aborto en las tres causales.
Santo Domingo.– El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, respondió este miércoles de forma directa a la primera dama Raquel Arbaje y a las hijas del presidente Luis Abinader, luego de la circulación de una carta firmada supuestamente por ellas y otras 1,000 personas, en la que advertían sobre el retroceso que representa la reforma del Código Penal al mantener la penalización del aborto en las tres causales.

“A nuestra querida primera dama y a las hijas del presidente: merecíamos que nos lo dijeran de otra manera, a mí no me gustó y a los diputados tampoco…”, expresó Pacheco durante la segunda discusión del proyecto de reforma del Código Penal.
El legislador recordó que los 144 diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) “se fajaron muy duro y fuerte” para que Abinader llegara a la Presidencia, y consideró que el reclamo de la familia presidencial debió manejarse de forma distinta. “Los amigos y aliados no se tratan como extraños”, afirmó.
Pacheco aprovechó para disculparse con las bancadas opositoras por haber abordado un tema interno del PRM en plena sesión.
Mientras tanto, el Congreso avanza en la revisión del proyecto de modernización del Código Penal, basado en la legislación francesa de 1810. El nuevo texto contempla un eximente para permitir la interrupción del embarazo si la vida de la madre o del feto corre peligro y se han agotado todos los medios médicos posibles.
Sin embargo, este artículo —numerado como 112— no establece con claridad cuál tribunal o procedimiento verificará si en efecto no había otra alternativa. Una moción del senador Moisés Ayala, doctor en ginecología, que proponía añadir un párrafo aclaratorio, fue rechazada.
Si la reforma es aprobada en segunda lectura por la Cámara de Diputados, pasará al Senado de la República, que decidirá si la modifica o la remite al Poder Ejecutivo para su promulgación.






