Santo Domingo, 11 de mayo de 2025 – En un hecho sin precedentes recientes, los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la comunicadora Mariasela Álvarez interpusieron una querella penal ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por difamación e injuria. La acción legal va dirigida contra los comunicadores Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes acusan de haber divulgado informaciones falsas que dañan su honra y credibilidad profesional.
La querella surge tras una serie de declaraciones difundidas a través de redes sociales, programas digitales y medios alternativos, donde se les acusaba a los periodistas de recibir financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) supuestamente para desestabilizar la institucionalidad dominicana y promover agendas extranjeras.
Sin embargo, tales afirmaciones nunca fueron acompañadas de documentos, evidencias oficiales ni testimonios verificables.
Una respuesta firme
En el documento depositado por su equipo legal —integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez— se establece que el objetivo de la querella no es limitar el libre ejercicio del periodismo ni censurar la crítica, sino “frenar el uso abusivo de plataformas comunicacionales para desinformar, injuriar y destruir reputaciones sin ningún tipo de sustento”.
Los abogados también argumentan que los acusados se han beneficiado de una narrativa maliciosa para deslegitimar voces críticas y socavar el trabajo periodístico independiente, recurriendo a tácticas de descrédito que violan los principios constitucionales y legales que rigen la comunicación pública en la República Dominicana.
Apoyo del gremio periodístico
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) se han pronunciado en respaldo a los querellantes, demandando a los acusadores que presenten pruebas o enfrenten las consecuencias legales de sus declaraciones. Ambos gremios han señalado que la integridad del periodismo dominicano está siendo puesta en juego, y que “no se puede permitir que se normalice la difamación como herramienta política o personal”.
Repercusiones
Este caso reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión, la ética en los medios digitales y la responsabilidad que conlleva el ejercicio del derecho a opinar y comunicar en el país. También plantea preguntas sobre el papel de las redes sociales como entornos donde muchas veces prevalece la desinformación sin consecuencias legales claras.
De confirmarse la falta de pruebas por parte de los acusados, el caso podría sentar un precedente significativo en la lucha contra la difamación digital en República Dominicana y en la defensa de la práctica periodística responsable, crítica y documentada.
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