Santo Domingo. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto que modifica la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional, una iniciativa que introduce profundas transformaciones en la estructura institucional, el uso de la fuerza, el régimen disciplinario y la carrera policial.
La pieza legislativa fue aprobada cerca de la medianoche con el voto favorable de 24 de los 27 senadores presentes, luego de más de cinco horas de lectura íntegra de sus 315 artículos. La reforma llega en medio del debate nacional generado por recientes casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales.
Entre los cambios más relevantes figura la reorganización de la carrera policial en tres categorías: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero, además del fortalecimiento de la formación académica con énfasis en los derechos humanos, el respeto a la dignidad de los ciudadanos y la profesionalización del servicio.
Uno de los aspectos más significativos de la reforma es la actualización del artículo 149, que regula el uso de la fuerza. La propuesta establece que esta solo podrá emplearse cuando sea estrictamente necesaria, legal, proporcional y en cumplimiento del deber, privilegiando siempre la protección de la vida y el menor daño posible.
Asimismo, el nuevo texto autoriza el uso obligatorio de cámaras corporales durante los procedimientos policiales y reconoce el derecho de los ciudadanos a grabar las actuaciones de los agentes. También prohíbe registros motivados por prejuicios relacionados con raza, apariencia, origen étnico o identidad de género.
La reforma también endurece el régimen disciplinario al incorporar como faltas muy graves el uso excesivo de la fuerza, la utilización de armas no autorizadas, la participación en actividades políticas durante el servicio y otras conductas incompatibles con la función policial. Además, establece la desvinculación definitiva de aquellos agentes que acumulen tres o más sanciones por faltas muy graves en un período de cinco años.
Otro cambio importante prohíbe que miembros de la Policía Nacional sean asignados de manera permanente a empresas privadas o particulares, permitiendo únicamente su destacamento en instituciones públicas bajo procedimientos regulados y sujetos a controles administrativos.
El proyecto crea además el Plan Exclusivo de Pensiones de la Policía Nacional (AFP-PEPPN), que deberá entrar en funcionamiento dentro de los seis meses posteriores a la promulgación de la ley.
La aprobación de la iniciativa se produce pocos días después de la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado, presuntamente a manos de un agente policial en Santo Domingo Oeste, un hecho que provocó protestas ciudadanas y reavivó el reclamo de una reforma profunda en la institución.
El proyecto deberá superar una segunda lectura en el Senado antes de continuar su trámite legislativo para convertirse en ley.
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