Caracas. — El gobierno interino de Venezuela anunció este jueves la liberación de un “número importante” de personas detenidas por razones políticas, incluidos ciudadanos extranjeros, en lo que representa la primera medida de alto impacto político tras la captura del mandatario depuesto Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos.
El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien informó que las excarcelaciones ya están en marcha, aunque evitó precisar cifras o identidades de los beneficiados.
La medida se produce bajo el interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal luego de la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, en la que fueron detenidos Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos permanecen actualmente en Nueva York, donde enfrentan múltiples cargos ante la justicia federal, entre ellos narcotráfico.
“Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, declaró Rodríguez desde el Palacio Legislativo. Agregó que se trata de un gesto “unilateral” orientado a reducir tensiones políticas y sociales en el país.
El jefe del Parlamento también agradeció el respaldo del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y del Estado de Catar, a quienes atribuyó un rol de facilitadores tras el llamado realizado por la presidenta interina.
La decisión ocurre en medio de una creciente atención internacional sobre la situación venezolana y en un contexto de redefinición del poder político interno. Según cifras de la organización no gubernamental Foro Penal, actualmente existen 806 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, de las cuales 175 pertenecen a las fuerzas armadas.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha publicado una lista oficial de los liberados ni ha detallado el alcance total del proceso, mientras organizaciones de derechos humanos observan con cautela el desarrollo de las excarcelaciones y su impacto real en la crisis política del país.
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