Jerusalén.- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, presentó un plan denominado “Desconexión 710” para promover la salida que califica de “voluntaria” de 1.86 millones de personas de la Franja de Gaza durante los próximos siete años, iniciativa que contempla acuerdos con países receptores, rutas migratorias reguladas y asistencia económica.
El proyecto establece como meta la salida de unas 250,000 personas durante el primer año, 1.11 millones en tres años y 1.86 millones al completar el séptimo año, según el documento presentado por el ministro.
La propuesta contempla la creación de una oficina gubernamental especializada, así como un sistema de registro individual para quienes opten por abandonar el enclave. También plantea priorizar la salida de familias completas, establecer vías para empleo, educación y atención médica, además de proporcionar apoyo económico durante los primeros 24 meses en los países de destino.
El plan establece 12 principios, entre ellos que cada persona o familia que salga de Gaza cuente previamente con un país dispuesto a recibirla y con una situación migratoria regularizada. También contempla compensaciones económicas para terceros países que participen en el proceso.
Ben Gvir estimó una inversión inicial israelí de 10,000 millones de séqueles, con un marco adicional de hasta 50,000 millones de séqueles, condicionado a la participación internacional y a los acuerdos que puedan alcanzarse con los países receptores.
El ministro sostuvo que la propuesta ha ganado respaldo después de que el presidente estadounidense Donald Trump planteara públicamente la posibilidad de promover la salida de palestinos de Gaza. Ben Gvir también citó encuestas, sin precisar su metodología, que según afirmó reflejan respaldo dentro de Israel a la promoción de la emigración desde el enclave.
La iniciativa se presenta además en medio de la campaña electoral israelí. Ben Gvir, líder del partido Poder Judío, anunció que, si su formación continúa en el próximo Gobierno, exigirá la creación de un Ministerio de Migración con presupuesto y competencias propias para ejecutar el proyecto.
La propuesta ha generado críticas y preocupación internacional debido a sus posibles implicaciones sobre el desplazamiento de la población palestina. Organizaciones y medios internacionales han señalado que, pese a la denominación de “migración voluntaria”, las condiciones en Gaza plantean interrogantes sobre el carácter realmente voluntario de cualquier salida masiva.
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