Tribunal determina que los exfuncionarios encabezaron un entramado que desfalcó al Estado con miles de millones de pesos mediante operaciones ilícitas en organismos de seguridad
Santo Domingo.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó la madrugada de este martes a 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, tras ser hallados culpables de integrar una red de corrupción administrativa que provocó un millonario perjuicio al Estado dominicano.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez, e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, luego de un extenso proceso judicial en el que el Ministerio Público presentó numerosas pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar las acusaciones.
De acuerdo con la sentencia, Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou fueron encontrados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y otros delitos agravados por su condición de funcionarios públicos.
En tanto, Rafael Núñez de Aza fue condenado por asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.
La lectura íntegra de la sentencia inició alrededor de las 3:00 de la tarde del lunes y concluyó pasada la medianoche, siendo emitido el fallo a las 2:22 de la madrugada de este martes.
Las juezas establecieron que los hechos ilícitos fueron cometidos durante la gestión de Cáceres Silvestre al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y de Torres Robiou en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), instituciones desde las cuales se habrían ejecutado maniobras fraudulentas para el manejo irregular de recursos públicos.
El caso forma parte de una de las investigaciones de corrupción más relevantes desarrolladas en los últimos años por el Ministerio Público, en su esfuerzo por perseguir y sancionar los delitos contra la administración pública.
Con esta sentencia, el tribunal envía un mensaje de fortalecimiento institucional y de combate a la impunidad en los casos de corrupción que afectan los recursos del Estado y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
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