Construida por Trujillo en 1952 y diseñada para 1,200 reclusos, la cárcel llegó a albergar más de 9,300 internos; su clausura marca un giro histórico del sistema penitenciario dominicano.
Santo Domingo.– Tras 73 años de funcionamiento marcados por torturas, hacinamiento extremo y redes criminales, la Penitenciaría Nacional de La Victoria inició su cierre gradual, poniendo fin a uno de los símbolos más crudos de la degradación penitenciaria en República Dominicana.
El proceso comenzó con el traslado de los primeros 600 privados de libertad al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, en jornadas realizadas el miércoles 19 y jueves siguiente de noviembre. La operación es coordinada por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y encabezada por Roberto Santana, quien décadas atrás fue preso político en el mismo penal que hoy supervisa cerrar.
La Victoria fue inaugurada el 17 de agosto de 1952 por orden de Rafael Leónidas Trujillo con capacidad para 1,200 reclusos. Sin embargo, al inicio del traslado su población penal superaba los 9,300 internos, multiplicando por nueve su límite original y convirtiéndola en el mayor foco de hacinamiento del país.
Versiones históricas y testimonios coinciden en que, durante sus primeros años, el recinto fue utilizado para torturar a opositores políticos y acusados de delitos comunes mediante golpizas de “ablandamiento”. Entre sus muros estuvieron recluidos miembros del Movimiento 14 de Junio y figuras emblemáticas como Rafael “Fafa” Taveras, Roberto Santana, el periodista José Bujosa Mieses (Chino) y Platón Valdez.
Taveras relató haber pasado largos períodos en solitaria, desnudo, durmiendo en el suelo y con alimentación precaria, experiencias que forjaron la temida reputación del penal.
Además de las violaciones a los derechos humanos, La Victoria fue escenario de tragedias recurrentes: incendios —como el ocurrido en 1999—, inundaciones provocadas por el huracán Georges en 1998 y episodios de pánico colectivo que evidenciaron la fragilidad de sus instalaciones.
En años recientes, el penal también se convirtió en un centro de operaciones criminales. En 2022, las autoridades desmantelaron un sistema ilegal de internet que funcionó durante años desde su interior, con servidores, repetidores de wifi, decenas de routers, cámaras de vigilancia, switches y una red de fibra óptica conectada desde Sabana Perdida, utilizada para coordinar delitos dentro y fuera de la cárcel.
El cierre progresivo de La Victoria, con la recepción de los internos en Las Parras por equipos multidisciplinarios de médicos, psicólogos, educadores y abogados, representa uno de los pasos más trascendentales en la modernización del sistema penitenciario dominicano y el final de una era marcada por el abandono y la violencia institucional.
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