SANTO DOMINGO. – La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) manifestó este lunes su expectativa de que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados haya integrado en su informe final las propuestas del sector empleador. La presidenta de la entidad, Laura Peña Izquierdo, señaló que estas alternativas buscan modernizar el marco legal laboral y reducir los costos operativos que actualmente frenan el crecimiento empresarial y la competitividad del país.
El sector patronal enfatizó la necesidad de abordar aspectos estructurales que representan una carga desproporcionada para las empresas. Entre las sugerencias clave entregadas a los legisladores destaca la urgencia de limitar el astreinte establecido en el artículo 86 del Código de Trabajo, proponiendo un tope de seis meses a estas sanciones pecuniarias. Según Peña Izquierdo, esta medida es vital para evitar que las multas acumulativas pongan en riesgo la solvencia de las pequeñas y medianas empresas.
En cuanto a las compensaciones, Copardom aboga por una revisión en el método de cálculo de la cesantía, sugiriendo que se realice sobre la base del salario promedio para aportar previsibilidad a los costos de terminación de contrato. Asimismo, la institución solicitó que el pasivo laboral sea reconocido formalmente como un gasto para fines contables y fiscales, permitiendo así una gestión financiera más transparente y acorde a la realidad de las obligaciones patronales.
Otra de las modificaciones propuestas consiste en incrementar el período de prueba de tres a seis meses. La dirigente empresarial sostuvo que esta práctica, ya implementada con éxito en otros países de la región, permitiría una mejor evaluación y capacitación del talento humano antes de su contratación definitiva. Peña Izquierdo aclaró que estas medidas no buscan eliminar derechos adquiridos, sino adaptar la normativa a la realidad económica del siglo XXI.
Finalmente, Copardom reiteró su disposición al diálogo continuo a pesar de la falta de visibilidad que ha tenido el informe recientemente en la Cámara Baja. La entidad confía en que los legisladores hayan escuchado las inquietudes de los sectores productivos para lograr un consenso que equilibre la protección del trabajador con la viabilidad económica de las empresas que dinamizan la economía nacional.
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