Santo Domingo.- A partir de este miércoles entra en vigencia la nueva Ley de Contrataciones Públicas, una reforma histórica que sustituye por completo la antigua normativa de Compras y Contrataciones promulgada en 2006, tras más de 180 días de haber sido oficializada.
La ley fue promulgada el 28 de julio del año pasado por el presidente Luis Abinader y, según informó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, su reglamento de aplicación será publicado este martes, dejando expedito el camino para su implementación plena en todas las instituciones del Estado.
Entre los cambios más trascendentales de la nueva normativa figura la inclusión de sanciones penales que contemplan hasta cinco años de prisión para funcionarios y legisladores que negocien o se beneficien indebidamente de contratos con el Estado. Estas disposiciones marcan un giro contundente frente a la legislación anterior, que solo establecía sanciones administrativas.
Las consecuencias de la ley no se limitan al sector público. Empresarios y contratistas que incurran en prácticas de corrupción dentro de los procesos de contratación también podrán enfrentar sanciones penales, ampliando así el alcance del régimen de responsabilidades.
La reforma fue estudiada en el Congreso Nacional desde el año 2021 y responde a críticas sostenidas contra la Ley 340-06, la cual, aunque prohibía a los funcionarios beneficiarse de contratos estatales, no establecía castigos penales directos, dejando esos aspectos a otras legislaciones.
El nuevo marco legal incorpora un título penal que sanciona prácticas como la falsificación de información, la participación en contratos prohibidos, el tráfico de influencias y otras acciones que vulneren la transparencia y la legalidad en la contratación pública.
Con esta ley, el Gobierno busca fortalecer la lucha contra la corrupción, cerrar vacíos legales históricos y establecer consecuencias más severas para quienes utilicen el aparato estatal en beneficio propio.
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