SAN CRISTÓBAL, República Dominicana. — Los cuestionamientos en torno al proceso judicial seguido contra el exembajador y expresidente del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Santana Cuevas, condenado a 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra, volvieron a cobrar fuerza luego de que un tribunal revisara las condiciones bajo las cuales cumplía su condena.

Santana Cuevas, quien ya ha recibido una sentencia confirmada por las distintas instancias judiciales, llevaba aproximadamente 15 meses beneficiándose de un régimen de libertad condicional, pese a que para ese momento apenas había cumplido siete años de una condena de 20, por lo que aún le restaban 13 años de pena.

La Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal acogió parcialmente un recurso de apelación presentado contra la resolución que le había otorgado el beneficio. En su decisión, el tribunal consideró erróneo y carente de sustento normativo disponer que el condenado permaneciera de manera definitiva en su residencia bajo el régimen de medio libre.

La Corte cuestionó específicamente el argumento utilizado por el juez de ejecución de la pena, quien había considerado que el retorno de Santana Cuevas al centro penitenciario podía representar un riesgo para su salud debido a la posibilidad de contraer enfermedades infectocontagiosas como dengue, malaria o leptospirosis.

Deberá regresar al centro penitenciario los fines de semana

Aunque la decisión mantiene el permiso laboral del exfuncionario, los jueces dispusieron que deberá retornar al Centro de Corrección y Rehabilitación de 15 de Azua durante los fines de semana.

De acuerdo con la disposición, Santana Cuevas deberá ingresar al centro penitenciario los viernes a las 7:00 de la mañana y permanecer allí hasta los lunes a la misma hora, cuando podrá volver a salir para continuar con las condiciones establecidas en su régimen de libertad.

La decisión fue adoptada por mayoría de dos de los tres jueces que integran la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal.

La medida vuelve a colocar bajo escrutinio el régimen mediante el cual el exfuncionario ha venido cumpliendo una condena de 20 años, especialmente por tratarse de un caso de violencia sexual contra una menor que generó amplio impacto en la sociedad dominicana.

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