Mientras varios gremios reclaman estudios técnicos y mayor consulta, comerciantes y mipymes respaldan los cambios por considerar que corrigen distorsiones del sistema
Santo Domingo, RD. La reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha generado posiciones encontradas en el sector empresarial, luego de que el Senado aprobara este martes las modificaciones a la normativa en una única lectura.
Mientras diversas organizaciones empresariales cuestionan el aumento de las escalas de la contribución especial obligatoria por entender que carece de sustento técnico y de un proceso amplio de consulta, representantes del comercio y de las micro, pequeñas y medianas empresas respaldan la iniciativa al considerar que corrige inequidades que afectaban a esos sectores.
Con 22 de los 24 senadores presentes, la Cámara Alta aprobó la reforma, que incorpora los cambios realizados previamente por la Cámara de Diputados. La pieza será remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación u observación.
Gremios piden mayor diálogo y sustento técnico
La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) sostuvo que una reforma de esta magnitud debe construirse mediante un proceso participativo y sustentarse en estudios técnicos que permitan evaluar el impacto económico de las nuevas obligaciones.
La organización consideró indispensable preservar principios como la transparencia, la participación y el rigor técnico antes de introducir modificaciones estructurales al sistema.
Una posición similar expresaron la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) y la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (Asibenas).
Las entidades señalaron que hasta el momento no se han presentado los estudios ni la metodología utilizada para definir las nuevas escalas de contribución contempladas en la reforma.
«Preocupa sobremanera que los montos establecidos en el proyecto no evidencien una metodología técnica sustentada en criterios objetivos y verificables», expresó Adavit.
Asimismo, reiteraron la necesidad de fortalecer el diálogo entre el Gobierno y el sector privado antes de implementar medidas con impacto económico significativo.
Por su parte, Asibenas advirtió que las reformas regulatorias de alto impacto deben desarrollarse mediante procesos abiertos, participativos y técnicamente fundamentados.
Comerciantes y mipymes respaldan la reforma
En contraste, organizaciones representativas del comercio y de las micro, pequeñas y medianas empresas manifestaron su respaldo a las modificaciones aprobadas por el Congreso, al considerar que corrigen distorsiones existentes en el esquema de contribuciones y generan condiciones más equitativas para sectores que anteriormente se sentían desfavorecidos.
Espera decisión del Poder Ejecutivo
Tras su aprobación definitiva en el Congreso Nacional, la reforma será enviada al presidente de la República para su evaluación.
El Poder Ejecutivo deberá decidir si promulga la nueva legislación o la devuelve al Congreso con observaciones, en medio de un debate que mantiene divididos a distintos sectores del empresariado sobre el alcance y la forma en que deben financiarse las políticas nacionales de gestión de residuos sólidos.
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