La iniciativa contempla penas de hasta 60 años, tipifica nuevos delitos y moderniza el sistema penal dominicano
SANTO DOMINGO. – El Senado de la República aprobó este jueves en primera lectura el proyecto de ley Orgánica que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, una legislación que introduce reformas profundas al sistema penal y contempla penas acumuladas de hasta 60 años de prisión.
La pieza fue aprobada a unanimidad y de pie por los 23 senadores presentes, durante una sesión maratónica iniciada a las 11:05 de la mañana y concluida a las 5:31 de la tarde. El informe favorable fue presentado por el presidente de la Comisión Bicameral, Santiago José Zorrilla, y aprobado tras ser incluido en el orden del día.
El proyecto, que contiene 413 artículos, fue introducido por los senadores Ramón Rogelio Genao, Alexis Victoria, Félix Bautista, Cristóbal Venerado Castillo, Jonhson Encarnación, Moisés Ayala Pérez, Guillermo Lama y Odalis Rodríguez.
Entre las principales novedades del texto se encuentra el artículo 52, que establece que el cúmulo de penas por infracciones muy graves no podrá exceder los 60 años de prisión. Los artículos 95 y 96 contemplan entre 10 y 30 años de cárcel por homicidio doloso o agravado, y el artículo 97 sanciona el feminicidio con penas de entre 30 y 40 años.
Además, el artículo 102 tipifica el sicariato y establece penas de 30 a 40 años para quienes lo planifiquen, encarguen o ejecuten, directa o indirectamente. El artículo 191 impone entre 10 y 20 años de prisión por explotación sexual de menores y uso de menores en actividades sexuales a cambio de dinero.
El nuevo código también penaliza el bullying, la tortura, actos de barbarie, ciberdelitos, uso de sustancias nocivas como el “ácido del diablo”, delitos sexuales no consentidos, extorsión, chantaje y corrupción.
Esta reforma busca llenar vacíos legales, modernizar la clasificación de las penas, actualizar el lenguaje técnico y adaptar la norma a los desafíos actuales en temas de género, tecnología, crimen organizado y derechos humanos. Se espera que los operadores del sistema judicial actúen con mayor claridad, legitimidad y eficiencia.
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