El presidente Luis Abinader remitió este jueves al Senado de la República el proyecto de Ley sobre la Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, una propuesta legislativa destinada a establecer un marco normativo moderno y democrático para regular la comunicación en todas sus formas.
El anuncio fue realizado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien destacó que el proyecto fue elaborado con la participación de actores de la sociedad civil, representantes de medios de comunicación y juristas especializados, nacionales e internacionales.
En la carta dirigida al presidente del Senado, Ricardo De Los Santos, el mandatario explica que la ley busca regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, incluyendo prensa escrita, radio, televisión, redes sociales y espectáculos públicos. Asimismo, se propone proteger los derechos a la comunicación social, al periodismo y al acceso a la información pública.
El proyecto también contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), entidad que funcionaría como órgano regulador del ejercicio de la comunicación en el país.
Abinader subrayó que la propuesta toma en cuenta la evolución jurisprudencial y doctrinal de las últimas décadas en materia de derechos fundamentales, con el propósito de alinear la legislación nacional con las prácticas más democráticas y garantistas.
Por su parte, Antoliano Peralta recordó que en junio de 2022 el presidente conformó una comisión de expertos para redactar la propuesta. Esta comisión estuvo encabezada por Namphi Rodríguez, y conformada por reconocidos comunicadores y profesionales como Miguel Franjul, Inés Aizpún, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora (Huchi), Edith Febles, Eric Raful, Hermógenes Acosta, Miguel Ángel Prestol, Jimena Conde, Aurelio Henríquez, Elvira Lora y Gabriela Beltré.
Tras la entrega de un primer borrador, el texto fue sometido a revisión y ajustes conforme al marco jurídico vigente. La versión final fue remitida al Poder Ejecutivo el pasado 24 de abril de 2025, y ahora es depositada en el Congreso como parte del compromiso del gobierno de fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho a través de reformas institucionales.
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