El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra el empresario Emmanuel Rivera Ledesma y otros acusados de formar parte de una estructura criminal que habría defraudado a múltiples personas con más de 700 millones de pesos, mediante la oferta engañosa de viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, utilizando diversas estrategias fraudulentas.
Durante la audiencia preliminar, el magistrado acogió la acusación formal presentada por la Dirección de Persecución del Ministerio Público, y ordenó que los procesados respondan en un juicio de fondo por los cargos que se les imputan.
Además de Rivera Ledesma, el tribunal envió a juicio a Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López, así como a las empresas Inmobiliaria Diseños Arquitectónicos (INDIARDQ) y CDR Equipos Pesados.
El juez modificó las medidas de coerción para la mayoría de los imputados, reemplazando la prisión preventiva y el arresto domiciliario por garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Sin embargo, Emmanuel Rivera Ledesma y Emmanuel Rivera Pichardo deberán continuar en prisión preventiva.
Asimismo, se dictó auto de no ha lugar a favor de María Gabriela Rivera Pichardo, Franklin Benjamín Martínez Jonkson, Moisés Benjamín Castro Balbi y Eric Joan Dorrejo Medina, al considerarse que las pruebas en su contra no eran suficientes, por lo que se ordenó el levantamiento de las medidas de coerción.
Según la acusación del Ministerio Público, la red operaba a través de varias empresas, entre ellas Indisarq SRL, CDR Equipos Pesados SRL, Grupo Wimar SRL y Auto Xperts AFM SRL, con las que crearon un esquema fraudulento basado en estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.
La investigación reveló que Rivera Ledesma usaba los nombres de figuras reconocidas para ganarse la confianza de las víctimas, a quienes realmente no conocía. Además, se recolectaron pruebas sobre el estilo de vida lujoso de varios miembros de la red, sustentado con el dinero defraudado.
Finalmente, se documentaron acciones del imputado orientadas a evitar que las víctimas presentaran o mantuvieran querellas, así como intentos de manipular el proceso mediante nuevos contratos, con el fin de obstruir la investigación y destruir evidencia, lo que, según el Ministerio Público, justifica la imposición de medidas restrictivas.
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