El Ministerio Público acusa a los implicados de corrupción, fraude, sabotaje y terrorismo tecnológico tras el colapso de la red semafórica del Gran Santo Domingo
La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, emitirá este viernes su decisión en el juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Gómez Canaán, principales acusados en el denominado caso Intrant.
El expediente del Ministerio Público involucra además a otras ocho personas y siete empresas señaladas por presuntos actos de corrupción administrativa, fraude, sabotaje y terrorismo contra la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y ha generado gran expectativa debido a la magnitud del caso, considerado uno de los procesos judiciales más delicados relacionados con tecnología, contratación pública y seguridad vial en el país.
Junto a Beras y Gómez, también figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero de la institución.
En el expediente también aparecen Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso, además de las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Según el órgano acusador, los hechos se originaron tras la suspensión del contrato firmado entre el Intrant y la empresa Transcore Latam, propiedad de Jochi Gómez, por un monto superior a los 1,300 millones de pesos para la modernización del sistema semafórico nacional.
El Ministerio Público sostiene que, luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendiera el acuerdo por presuntas irregularidades, se produjeron múltiples fallas y apagones en la red de semáforos del Distrito Nacional durante agosto de 2024, afectando seriamente el tránsito y la seguridad ciudadana.
Las autoridades aseguran que dichas interrupciones habrían sido provocadas de manera deliberada como represalia por la cancelación del contrato, una acusación que elevó el caso a un nivel sin precedentes al incluir cargos vinculados a sabotaje y terrorismo tecnológico.
Además del proceso penal, el Estado dominicano reclama una indemnización superior a los 12 mil millones de pesos por los daños ocasionados al sistema y al interés público.
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