Mediante el decreto 330-26, el Poder Ejecutivo modifica el reglamento tras la fuerte denuncia pública del magistrado José Alejandro Vargas, quien calificó la restricción de dos años como una vulneración a la igualdad constitucional
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – En una respuesta gubernamental inmediata que pone fin a una de las quejas sociales más discutidas de los últimos meses, el presidente Luis Abinader dispuso la ampliación del período de vigencia de las licencias de conducir para los ciudadanos mayores de 65 años. Con esta medida, este segmento de la población ya no estará obligado a renovar el documento cada dos años, como se establecía anteriormente, sino que podrá hacerlo por un plazo superior.
La disposición presidencial quedó oficializada a través del decreto 330-26, emitido por la Presidencia de la República. La nueva normativa modifica directamente el Reglamento de Licencias de Conducir con el doble propósito de flexibilizar el trámite para los adultos mayores y, al mismo tiempo, mantener los estándares necesarios para fortalecer la seguridad vial en todo el territorio nacional.
El cambio normativo se produce en un escenario de fuerte presión institucional y mediática, detonado principalmente por las declaraciones del magistrado del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas. El reconocido juez denunció públicamente lo que consideró una «discriminación por edad» por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), al limitar el documento a solo dos años para los mayores de 65, mientras que el resto de los ciudadanos realiza el proceso de manera ordinaria cada cuatro años.
El magistrado Vargas relató que vivió la situación en carne propia al acudir a una oficina del Intrant para renovar su licencia. Aunque aclaró que su reacción no fue de enojo, admitió haber sentido una profunda frustración al constatar que la medida vulneraba el principio de igualdad consagrado en la Constitución dominicana, lo que aceleró el debate sobre la legalidad del antiguo reglamento.
Antes de la emisión de este decreto, la restricción del Intrant ya acumulaba importantes rechazos. Figuras como el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, habían emplazado formalmente a la institución para revisar los parámetros de renovación, e incluso un tribunal ordinario mantenía en agenda un recurso legal en contra de dicha limitación. Con la publicación del decreto 330-26, el Poder Ejecutivo asume el control de la situación, dejando sin efecto la polémica restricción bianual y alineando la normativa vial con los derechos fundamentales de los adultos mayores en el país.
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