Se cumple el plazo anunciado por Reuters sin confirmación oficial del despliegue naval, mientras Caracas activa un plan especial de defensa.

El plazo de 36 horas para la supuesta llegada de tres destructores estadounidenses a las costas venezolanas, según informó Reuters el pasado 18 de agosto, está por cumplirse sin que exista confirmación oficial sobre la maniobra militar.

De acuerdo con la agencia, se esperaba el arribo de buques clase Arleigh Burke, equipados con el sistema antimisiles Aegis, como parte de un despliegue para contrarrestar las amenazas de los cárteles latinoamericanos de la droga. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justificó la operación al señalar que “la droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Los barcos mencionados serían el USS Gravely (DDG-107), con historial en el Atlántico y Caribe; el USS Jason Dunham (DDG-109), con experiencia en misiones antiterroristas en Medio Oriente; y el USS Sampson (DDG-102), que ha operado en el Pacífico Oriental.

En paralelo, el jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, visitó Panamá tras una gira en Argentina, donde recorrió el destructor USS Sampson para “reforzar compromisos con socios regionales”, según el Departamento de Estado. La distancia entre el canal de Panamá y las costas venezolanas es de aproximadamente 1.400 km.

Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro rechazó la posibilidad de un despliegue estadounidense en el Caribe y anunció la activación de un “plan especial” para movilizar a 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional. “Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni de Suramérica”, aseguró.

Algunos analistas venezolanos califican el anuncio del despliegue como una posible “operación psicológica”, ya que ni el Pentágono ni el Comando Sur han emitido información oficial al respecto.

Las tensiones entre EE.UU. y Venezuela se han incrementado en agosto, luego de que Washington elevara de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de vínculos con el narcotráfico, acusaciones rechazadas por el gobierno venezolano y cuestionadas por aliados internacionales.

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