Organizaciones de derechos humanos advierten que la nueva legislación fortalece el control del Estado sobre las minorías étnicas y promueve una identidad nacional única
Pekín, China. La nueva Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico entró en vigor este miércoles en China, en medio de fuertes cuestionamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos, que consideran que la normativa profundiza las políticas de asimilación de las minorías étnicas del país.
La legislación tiene como objetivo fortalecer una identidad nacional compartida entre los distintos grupos étnicos y consolida políticas destinadas a promover el mandarín como el idioma común de toda la nación.
Asimismo, la ley establece sanciones contra quienes participen en actividades consideradas por las autoridades como terrorismo, separatismo étnico o extremismo religioso.
Críticas de Amnistía Internacional
La organización Amnistía Internacional manifestó su preocupación por el alcance de la nueva normativa y advirtió que podría incrementar la presión sobre comunidades minoritarias como los uigures, tibetanos y mongoles.
Según la entidad, la legislación impulsa la adopción de una identidad nacional única definida por el Estado y basada principalmente en la cultura de la etnia mayoritaria han.
En un comunicado, la subdirectora regional de Amnistía Internacional, Sarah Brooks, afirmó que la ley exige un mayor alineamiento político e ideológico con el Partido Comunista Chino y fortalece las políticas de integración obligatoria dirigidas a los grupos minoritarios.
Promoción del mandarín
Entre sus principales disposiciones, la normativa establece la promoción del mandarín como el idioma nacional común en todos los ámbitos de la vida pública, dentro de la estrategia gubernamental para fortalecer la cohesión nacional.
Las autoridades chinas sostienen que estas medidas buscan fomentar la unidad entre los distintos grupos étnicos y garantizar la estabilidad social.
Preocupación internacional
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado preocupación por el posible impacto de la ley sobre la diversidad cultural, lingüística y religiosa de las minorías étnicas del país.
Los críticos consideran que la normativa podría ampliar el control estatal sobre estas comunidades y limitar la preservación de sus tradiciones, idiomas y prácticas culturales, mientras que el Gobierno chino defiende la legislación como un instrumento para fortalecer la integración nacional y combatir el extremismo.
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