Ciudad de Guatemala. — El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó este domingo el estado de sitio en todo el territorio nacional por un período de 30 días, tras una escalada de violencia atribuida a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), que en las últimas horas dejaron ocho policías asesinados y provocaron motines simultáneos en varias cárceles con decenas de rehenes.
La medida, anunciada en cadena nacional, busca frenar la ofensiva criminal de estos grupos, considerados organizaciones terroristas tanto por Estados Unidos como por el propio Estado guatemalteco, y señalados por delitos como sicariato, extorsión y narcotráfico. “He decidido decretar estado de sitio en todo el país para garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos”, afirmó Arévalo.
El estado de sitio permite la suspensión temporal de garantías constitucionales, entre ellas los derechos de reunión y manifestación, además de autorizar detenciones e interrogatorios sin orden judicial, como parte de la estrategia gubernamental para recuperar el control del orden público.
La decisión presidencial deberá ser ratificada por el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayoría, lo que anticipa un debate político en medio de la crisis de seguridad que sacude al país.
En paralelo al anuncio, el mandatario informó que fuerzas policiales lograron retomar el control de tres centros penitenciarios, donde pandilleros mantenían retenidas a 46 personas desde el sábado. Los motines habrían sido organizados para presionar a las autoridades y evitar el traslado de líderes criminales a cárceles de máxima seguridad.
El gobierno sostuvo que estas acciones forman parte de una respuesta integral frente a lo que calificó como una amenaza directa al Estado y a la población, mientras refuerza la presencia de fuerzas de seguridad en calles, cárceles y zonas consideradas de alto riesgo.
Con el país bajo estado de sitio, Guatemala entra en una fase crítica de confrontación contra el crimen organizado, en un contexto marcado por el luto policial, la tensión social y el desafío institucional de restaurar la seguridad sin desbordar el marco democrático.
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