El gobierno federal despliega tropas en Los Ángeles tras protestas por redadas del ICE, mientras el gobernador Newsom denuncia una violación a la soberanía estatal.
Los Ángeles, California. — La tensión se intensifica en el estado de California tras el despliegue de más de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional por orden del presidente Donald Trump, en respuesta a una serie de protestas desencadenadas por redadas migratorias masivas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las operaciones del ICE, que dejaron más de un centenar de detenidos, incluyeron la captura de figuras sindicales y comunitarias, como David Huerta, lo que provocó una ola de indignación en comunidades migrantes y defensores de los derechos humanos. Las manifestaciones se concentraron en el centro de Los Ángeles, el Distrito de la Moda y las inmediaciones del Centro de Detención Metropolitano.
La respuesta de Trump ha sido tajante: “No vamos a permitir que el caos reine en nuestras calles. Si el gobernador no actúa, lo haremos nosotros”. Ante esto, el gobernador Gavin Newsom calificó la acción como “ilegal, autoritaria y una violación directa de la soberanía estatal”. En una declaración contundente agregó: “Sabes dónde encontrarme; ven a arrestarme”.
El choque político escaló con rapidez. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se sumó a las críticas y anunció que se presentará una demanda formal contra el gobierno federal por intervenir sin consentimiento estatal, algo que no ocurría desde hace más de seis décadas.
Mientras tanto, el despliegue de militares ha generado temor entre residentes, especialmente migrantes, que denuncian un ambiente de persecución y militarización injustificada. Sin embargo, a pesar del ambiente tenso, se celebró con normalidad el tradicional Festival de la Sandía en el parque Hansen Dam, un respiro entre la incertidumbre.
Organizaciones civiles, activistas y líderes religiosos han convocado nuevas marchas pacíficas para los próximos días, mientras expertos legales advierten que el caso podría escalar hasta la Corte Suprema.
Contexto adicional:
California fue declarada “estado santuario” en 2017, lo que limita la colaboración local con autoridades federales en asuntos migratorios. La intervención sin consentimiento reabre un debate nacional sobre los límites del poder federal frente a los gobiernos estatales.
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