Santo Domingo. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este jueves la actualización de los montos de la contribución especial para la gestión integral de residuos sólidos, en cumplimiento de la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, promulgada el 15 de diciembre de 2025, medida que implica aumentos significativos para todas las personas jurídicas del país.
La nueva normativa modifica el artículo 36 de la Ley 225-20 y establece una contribución obligatoria basada en los ingresos anuales, destinada a crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la disposición de residuos y fortalecer el sistema nacional de gestión. La obligación alcanza a empresas privadas, asociaciones sin fines de lucro, patrimonios autónomos, entidades gubernamentales y cualquier institución que reporte ingresos ante la DGII, independientemente de que genere o no beneficios.
De acuerdo con la DGII, la ley dispone que la contribución será obligatoria para toda persona jurídica o institución pública o privada domiciliada en el territorio nacional, bajo cualquier régimen fiscal, y entrará en vigencia a partir del cierre fiscal del año 2025.
Con la Ley 98-25, los aportes se calcularán según el nivel de ingresos anuales: las entidades con ingresos de hasta un millón de pesos pagarán RD$3,000; aquellas entre RD$1,000,001 y RD$10 millones, RD$6,000; entre RD$10,000,001 y RD$25 millones, RD$20,000; entre RD$25,000,001 y RD$50 millones, RD$155,000; entre RD$50,000,001 y RD$100 millones, RD$260,000; y las que superen los RD$100 millones deberán aportar RD$675,000.
Estos montos representan un aumento generalizado frente a la legislación anterior, donde la contribución oscilaba entre RD$500 y RD$260,000, lo que convierte a la Ley 98-25 en un ajuste al alza en todos los tramos de facturación.
La DGII recordó que las nuevas disposiciones serán aplicables a partir del cierre del ejercicio fiscal del 31 de diciembre de 2025, conforme al párrafo III del artículo 36, modificado por el artículo 5 de la citada ley.
El anuncio ha generado rechazo en diversos sectores productivos, que consideran que los incrementos son insostenibles y podrían afectar especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) advirtió que el aumento “desproporcionado” de las tarifas y los mayores costos de cumplimiento podrían distorsionar el clima de inversión y desincentivar iniciativas privadas orientadas a la sostenibilidad y la protección ambiental.
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