Haití ha registrado un incremento de la violencia en los últimos meses, con bandas que desafía la autoridad del Estado y divisiones políticas que impiden avanzar hacia elecciones legislativas, advirtió el lunes la enviada de Naciones Unidas al país.
Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Helen La Lime pintó un panorama sombrío de la vida en la nación más pobre de Latinoamérica, señalando que el país “está, una vez más, luchando por evitar el precipicio de la inestabilidad”.
Haití se ha visto afectado por protestas callejeras y por el estancamiento económico durante gran parte de la presidencia de Jovenal Moise, que comenzó en febrero de 2017, mientras los líderes opositores exigen su salida.
Dicen que no ha sabido gestionar la economía y que no procesó años de corrupción desatada que desviaron miles de millones en ayudas internacionales a cuentas bancarias en el extranjero.
Sus rivales fracasaron y el parlamento de Haití cerró en enero debido al caos, eliminando el control al poder presidencial que había paralizado a Moise durante años. Ahora gobierna por órdenes ejecutivas.
“En los últimos meses, los disturbios — a veces en forma de protestas violentas — se han vuelto cada vez más frecuentes, y la percepción de inseguridad se ha agudizado aún más”, afirmó La Lime.
“Las pandillas siguen desafiando la autoridad del Estado, especialmente en los vecindarios más poblados de Puerto Príncipe“, añadió. “Y un grupo marginal de agentes de policía disconformes que se hace llamar `Fantom 509’ ha, junto con sus seguidores, provocado desórdenes en la capital en varias ocasiones“.
La clave para unas elecciones libres e inclusivas descansa en las clases políticas y económicas de Haití, en si pueden comprometerse sin recurrir a la violencia y en si las incipientes instituciones del país pueden tomar las medidas necesarias para asegurar una votación justa, apuntó.
Roberto Álvarez, ministro de Exteriores de República Dominicana, dijo al Consejo que su país, que comparte la isla La Española con Haití, “está muy preocupado por la crisis social, económica, sanitaria y política a gran escala que sacuden a la república hermana“.
La crisis está marcada por la falta de una agenda política y “el hecho de que la organización de elecciones legislativas está paralizada”, señaló el canciller agregando que esto “ha empeorado hasta tal punto que la buena gobernanza es imposible”.
“La violencia y la impunidad siguen causando devastación y continúan afectando al buen funcionamiento de la vida diaria“, añadió Álvarez.
El ministro dominicano recordó que su país advirtió el año pasado al Consejo de Seguridad de que su decisión de retirar la misión de formación y monitoreo policial de la ONU a partir del 15 de octubre de 2019 era prematura porque no se habían cumplido “las condiciones adecuadas“.
El Consejo de Seguridad reemplazó la misión de paz integral desplegada tras el devastador terremoto de 2010 con la misión policial en 2017. Ésta fue sustituida por una política más pequeña que está encabezada por La Lime.AP