WASHINGTON.– El Gobierno de Estados Unidos retiró formalmente este miércoles las sanciones financieras y de visado impuestas contra Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. La medida deja sin efecto las restricciones fijadas por la administración del presidente Donald Trump y le devuelve a la abogada italiana el derecho a ingresar al territorio estadounidense.
La decisión fue oficializada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, la cual eliminó el nombre de Albanese de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Este levantamiento ocurre apenas una semana después de que un juez federal de Washington suspendiera temporalmente las medidas contra la funcionaria tras considerarlas, posiblemente, una restricción inconstitucional a la libertad de expresión.
Origen y motivos de las sanciones
Las penalizaciones contra la relatora de la ONU habían sido dictadas por la Casa Blanca en julio de 2025, amparándose en el programa de sanciones vinculadas a la Corte Penal Internacional (CPI).
En ese momento, Washington acusó a la experta italiana de promover una «guerra jurídica» contra funcionarios estadounidenses y aliados estratégicos ante tribunales internacionales. El castigo se produjo luego de que Albanese criticara abiertamente la ofensiva militar israelí en Gaza y solicitara investigaciones por presuntos crímenes de guerra cometidos por autoridades de Israel y de los propios Estados Unidos.
Impacto familiar y contradicciones políticas
El caso había tomado una alta relevancia humanitaria debido al impacto en el entorno íntimo de la funcionaria. La familia de Albanese reside en Estados Unidos, y debido al veto migratorio, la abogada se vio imposibilitada de ingresar a su propio hogar en Washington para reunirse con su hija, quien posee la ciudadanía estadounidense.
La actual retirada de los castigos por parte del Departamento del Tesoro marca un giro en la política exterior y contradice la postura dura mostrada en febrero pasado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien en un comunicado oficial había ratificado su rechazo a la relatora de las Naciones Unidas, acusándola de propagar una agenda hostil contra los intereses de Washington
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