Ciudadanos y organizaciones se concentraron frente al Palacio de Justicia para exigir prisión preventiva y sanciones reales en el mayor escándalo de corrupción del país.
Santo Domingo.– El día de ayer, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva volvió a convertirse en un punto de ebullición social, cuando decenas de ciudadanos, activistas y organizaciones se apostaron frente a sus puertas para exigir consecuencias reales en lo que fue señalado como el caso de corrupción más grande que había enfrentado la República Dominicana: el caso Senasa.
Desde primeras horas de la tarde, la explanada del tribunal se llenó de pancartas, consignas y transmisiones en vivo. El reclamo fue uno solo y sin matices: que la justicia dejara de ser lenta y complaciente cuando se trataba de corrupción. Un nombre dominó el ambiente, retumbó en las consignas y se repitió en cada cartel: Senasa.
No hubo violencia, pero sí una indignación firme, organizada y sostenida. La exigencia fue clara y contundente: prisión preventiva y consecuencias reales, no medidas suaves, no expedientes congelados, no procesos destinados al olvido.
Entre los manifestantes se observaron plataformas sociales, comunicadores, líderes comunitarios y ciudadanos sin afiliación política, unidos por una convicción compartida: que cuando el expediente rozaba el poder, la justicia dominicana se volvía lenta, selectiva y distante del pueblo.
La protesta transcurrió sin incidentes mayores, bajo la vigilancia discreta de agentes policiales que permanecieron a distancia. El mensaje no estuvo dirigido a ellos, sino a quienes decidían dentro del edificio: jueces, fiscales y un sistema judicial que la calle percibió como desconectado de la realidad social.
Al caer la tarde, la concentración se dispersó, pero no se apagó. Los manifestantes abandonaron el lugar con una advertencia clara: continuarían en las calles si la justicia no respondía con acciones firmes. Ayer no fue una retirada, fue una pausa cargada de tensión.
El caso Senasa fue descrito como el mayor escándalo de corrupción administrativa del país, no solo por las cifras millonarias, sino por su impacto humano: una institución creada para proteger la salud de los más vulnerables que habría sido utilizada para el desfalco, afectando directamente a cientos de dominicanos que dependían del sistema para sobrevivir.
Ayer, el expediente Senasa no solo puso a prueba al Ministerio Público. Puso en jaque el discurso anticorrupción del gobierno, la credibilidad del Poder Judicial y la promesa de un antes y un después.
Porque cuando la corrupción tocó la salud de los más pobres, no existió espacio para acuerdos blandos ni medidas cómodas. Ayer no se discutieron solo fondos públicos: se habló de vidas.
Ciudad Nueva no fue ayer solo una dirección. Fue un aviso. Un recordatorio incómodo de que la paciencia social se agotó y que, cuando eso ocurre, la calle termina tocando las puertas de los tribunales.
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