La actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, los exmandatarios Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), José Mujica (Uruguay), Evo Morales (Bolivia) y siete expresidentes más de la región pidieron a la Interpol negar el pedido de Ecuador de emitir difusión roja contra el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa.
En una carta enviada al secretario general de Interpol, Jurgen Stock, el pasado 3 de noviembre, expresaron preocupación por la «pretensión de ciertos gobiernos latinoamericanos de utilizar a la institución internacional en calidad de herramienta de persecución en contra de opositores políticos». Esto ante la nueva solicitud hecha por el Gobierno de Ecuador difusión roja en contra de Correa Delgado, sentenciado en el Caso Sobornos.
Hablan de persecución política para impedir que fuera candidato en las elecciones del 2021, que hubo sincronización del proceso penal y el calendario electoral, que las dos instancias del proceso penal y un recurso extraordinario se resolvieron en un muy corto tiempo, que se conovcaron audiencias en plena pandemia del COVID-19 y que «el recurso extraordinario de casación que en Ecuador se sustancia en años, para este caso se receptó, sustanció y resolvió en el tiempo récord de 16 días, siendo el recurso de casación que más rápidamente se ha resuelto en la historia de ese país».
Indican que en el Caso Sobornos ha sido cuestionado por vulneraciones al derecho a la defensa en contra de los procesados, y la mayor de ellas «fue que
el tribunal de juicio, al no encontrar los elementos probatorios suficientes para dar la razón a la teoría del caso planteada por Fiscalía, cambió la misma y sentenció al economista Rafael Correa por haber irradiado “influjo psíquico” a sus subalternos con la finalidad de que cometan el presunto delito».
Invocan el artículo 82 del Reglamento Interno de Interpol que establece que la circular roja funciona como un mecanismo de detención preventiva; sin embargo, el Estatuto restringe las difusiones rojas emitidas por razones políticas o religiosas y en el artículo 3 se establece de manera perentoria que está prohibido a Interpol «toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial».
Los expresidentes Colombia, Ernesto Samper; de Uruguay, Tabaré Vázquez; de Honduras, Manuel Zelaya; de República Dominicana, Leonel Fernández; de Panamá, Martín Torrijos; de Paraguay, Fernando Lugo, y de El Salvador, Salvador Sánchez, también aparecen como firmantes del pedido.
(El Universo)