Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo introdujo observaciones a la legislación que modifica la Ley 225-20 sobre Residuos Sólidos, con el objetivo de ordenar la transición del país hacia materiales sostenibles y establecer controles estrictos sobre el uso del poliestireno expandido (foam) y otros plásticos de un solo uso.
La medida no prohíbe el foam, pero condiciona su producción, importación, comercialización y uso a que los productos sean biodegradables y cuenten con una certificación oficial verificable, sustentada en estándares técnicos reconocidos.
Certificación y control técnico
Las observaciones introducen un esquema de certificación y auditoría que permitirá distinguir los productos realmente biodegradables de aquellos que solo se promocionan como tales sin respaldo científico.
Fabricantes e importadores deberán someterse a auditorías anuales para comprobar el uso de aditivos biodegradables, mientras que las verificaciones se realizarán en aduanas y laboratorios acreditados.
El Ministerio de Medio Ambiente, con apoyo del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), será responsable de emitir una normativa técnica que establezca los parámetros de certificación para los productos nacionales e importados.
Estándares y plazos de aplicación
Según las modificaciones, los artículos considerados biodegradables deberán demostrar al menos un 20 % de degradación en el primer año y hasta un 90 % en cinco años, un estándar más riguroso que el de la mayoría de países de la región. Solo podrán comercializarse los productos que cumplan con estos criterios y posean certificaciones válidas.
El esquema de transición se aplicará de forma gradual:
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En 60 días quedará prohibida la importación de pajillas, cubiertos, vasos y artículos de foam que no cumplan con los estándares.
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En 12 meses se prohibirá su venta y entrega gratuita en comercios.
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Los fabricantes nacionales tendrán 24 meses para migrar a alternativas certificadas.
Responsabilidad compartida y excepciones
La propuesta contempla responsabilidades compartidas entre fabricantes, importadores, distribuidores y comercios, además de la obligación de integrarse a un programa de responsabilidad extendida del producto, que implica la gestión del retorno y reciclaje de los materiales colocados en el mercado.
Se mantienen excepciones para sectores sin sustitutos seguros, como envases médicos, hospitalarios y de laboratorio, así como aplicaciones de foam utilizadas en infraestructura y construcción.
Hacia una economía circular
Con estas observaciones, el Gobierno busca equilibrar la protección ambiental con la viabilidad económica e industrial, dando tiempo de adaptación a las empresas locales y elevando los estándares del mercado.
La iniciativa apunta a acelerar la transición hacia la economía circular, fortalecer la cultura del reciclaje y reducir la contaminación por plásticos de un solo uso, sin afectar actividades sensibles como la alimentación o la salud.
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