Santo Domingo. – La aprobación y entrada en vigor de la nueva Ley de Contrataciones Públicas representa una reforma estructural largamente esperada que transformará la gestión del gasto público en la República Dominicana, aseguró este jueves Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Durante un análisis del impacto de la normativa, Castaños Guzmán destacó que la contratación pública es un pilar clave para el desarrollo económico, la inclusión social y el fortalecimiento institucional, al canalizar recursos hacia sectores estratégicos como infraestructura, salud, educación, turismo, energía, agricultura y telecomunicaciones.
Según el dirigente de FINJUS, la nueva ley surge como respuesta a las limitaciones del marco anterior, la Ley 340-06, que durante más de 18 años demostró ser insuficiente para garantizar eficiencia y transparencia. Entre sus debilidades, mencionó la permisividad en el fraccionamiento de procesos, la delegación irregular de competencias, la falta de autonomía del órgano rector y un régimen de sanciones débil, condiciones que favorecieron discrecionalidad y clientelismo.
Innovaciones y beneficios de la nueva ley
La normativa establece reglas claras y modernas, alineadas con estándares internacionales de integridad pública y derecho administrativo, e introduce medidas como:
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Prohibición del fraccionamiento de contratos.
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Delimitación precisa de modalidades de contratación.
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Regulación rigurosa de declaratorias de urgencia y emergencia, evitando ambigüedades que generaban discrecionalidad.
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Fortalecimiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) con mayores capacidades técnicas y de fiscalización.
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Incorporación de controles internos, externos y sociales, incluyendo participación ciudadana organizada.
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Políticas de inclusión y desarrollo productivo, con una reserva presupuestaria del 30 % para MIPYMES, de las cuales un 10 % corresponde a empresas lideradas por mujeres.
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Uso de acuerdos marco para adquisiciones frecuentes, promoviendo economías de escala y reducción de costos.
“La nueva Ley de Contrataciones Públicas no es solo una actualización normativa, sino una apuesta estratégica por un Estado más eficiente, íntegro y orientado al desarrollo”, subrayó Castaños Guzmán, quien recordó que FINJUS ha impulsado durante más de una década esta reforma mediante análisis técnicos, propuestas normativas y espacios de diálogo multisectorial.
Con esta reforma, la República Dominicana busca modernizar la administración pública, reducir la discrecionalidad y promover un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.
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