Trump irá a juicio político por segunda vez y abogado dominicano explica qué sigue

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Luego de que el pasado miércoles la Cámara de Representantes de EEUU, encabezada por su presidenta, la demócrata Nancy Pelosi aprobaran un juicio político en contra del presidente Donald Trump, han surgido varias dudas sobre qué sigue luego de esta acusación, cuáles son los cargos que pudiera estar enfrentando y cuánto tiempo demoraría el juicio.

Desde que se suscitó la protesta en Washington, donde simpatizantes de Trump y de otros grupos irrumpieron en el Capitolio y como consecuencia, cinco personas perdieron la vida, las voces que acusan al presidente de EE.UU. de haber provocado dicha insurrección no han cesado.

Para responder estas preguntas, conversamos con Alexis Colón abogado facultado para el ejercicio del derecho en República Dominicana y en los estados de Nueva York y Massachusetts.

Como hemos podido observar, la Cámara de Representantes, utilizando los poderes conferidos por la sección 2 del artículo I de la Constitución, ha decidido iniciar un nuevo proceso de juicio político contra el presidente Trump. Según la sección 3 de ese mismo artículo, es entonces el Senado el que tiene las funciones exclusivas de celebrar ese juicio político.

En ese sentido, el Senado no puede iniciar este proceso hasta no ser notificado por la Cámara de Representantes sobre la decisión de iniciar el juicio político y de que los representantes que actuarán como fiscales para llevar la acusación han sido designados, lo que en este caso en particular, no ocurrirá sino hasta el próximo 19 de enero al mediodía, que es cuando el Senado tiene agendada su próxima sesión.

Iniciada esta etapa del proceso, el Senado entonces se configurará como una especie de Alta Corte, donde un comité de Representantes, actuando en calidad de fiscales, introducirá la acusación, y el Senado, considerando las evidencias y los testigos, decidirá si absuelve o condena al Presidente por los cargos presentados.

Tratándose de un juicio político presidencial, el magistrado John G. Roberts, Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, presidirá el proceso.

De acuerdo a la sección 4 del mencionado artículo I de la Constitución, el Presidente, Vice Presidente, o cualquier funcionario civil de los Estados Unidos, solamente puede ser llevado a juicio político por “…traición, soborno u otros delitos y faltas graves”. Sin embargo, es justamente este lenguaje tan ambiguo el que permite que la acusación pueda darse por una variedad de motivos.

En el caso actual del segundo juicio político al Presidente Trump, la acusación presentada por la Cámara de Representantes es de “incitación a la insurrección”, tomando como base la llamada sostenida el pasado 2 de enero con el Secretario de estado de Georgia Brad Raffensperger, y sus discursos en días posteriores que alegadamente habrían incitado a la turba que terminó penetrando ilegalmente al Congreso y detuvo provisionalmente la confirmación del Presidente Electo Joe Biden. Acto vergonzoso y criminal en el que lamentablemente fallecieron cinco personas, incluyendo dos policías del Capitolio.

Según las reglas de procedimientos y prácticas del Senado para juicios políticos, no hay un tiempo definido que estos deban durar, pudiendo el Senado tomarse “todo el tiempo que necesite” hasta llegar a un veredicto.

Por ejemplo, el primer juicio político contra el Presidente Trump duró aproximadamente mes y medio, mientras que el sostenido contra el ex presidente Bill Clinton duró casi dos meses.

Este segundo juicio político tiene grandes implicaciones que se extenderán más allá de su mandato a concluir el próximo día 20 de enero. Y dado que como resultado de las elecciones especiales celebradas hace apenas unos días en el estado de Georgia, la configuración del Senado de los Estados Unidos está próxima a modificarse hacia una mayoría Demócrata, este juicio político tiene mucha mayor relevancia que el primero.

Es claro que la condena a ser removido como Presidente de los Estados Unidos es meramente simbólica, ya que lo más seguro es que para cuando el Senado tome su decisión, ya Trump no sea presidente. Sin embargo, el mencionado artículo I de la Constitución dice claramente que el fallo del Senado puede ser también para inhabilitar al acusado a ocupar una posición de “honor, confianza o beneficio” en los Estados Unidos, en otras palabras, una función pública. Por lo que una futura candidatura presidencial de Trump para el 2024 dependerá de la decisión de un Senado de mayoría Demócrata.

DL