Conoce a los ocho que se salvaron del caso Odebrecht

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A raíz del pedimento que hicieran las defensas técnicas de Victor Díaz Rúa y Andrés Bautista en la pasada audiencia del juicio que se les sigue por estar presuntamente involucrados en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht, el titular de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA),Wilson Camacho, entregó los ocho expedientes archivados de manera definitiva, no provisional como se había informado, para que los abogados defensores sustenten sus señalamientos.

La entrega se realizó el pasado viernes por ante la secretaría del juzgado y sus copias, a las que ha tenido acceso El Nuevo Diario, están siendo producto de investigación “por estar firmados de manera irregular” por el entonces procurador de la República, Jean Alain Rodríguez.

Julio César Valentín

Entre los expedientes que figuran como archivos definitivos se encuentra el del exsenador, Julio César Valentín, donde se detallan más de 74 millones de pesos percibidos por el acusado por concepto de salarios, en función de sus labores como legislador desde el año 2002 hasta el 2017.

Ante esto, según su archivo, no se pudo comprobar que existan elementos probatorios suficientes para determinar que dentro de dicha cantidad haya enriquecimiento ilícito.

Asimismo, dentro de la investigación que realizó la PGR, encontró que el imputado no declaró entre sus bienes varios vehículos de lujo, pero se pudo comprobar que “aunque estos figuraban a su nombre en los registros oficiales, no pertenecían a Valentín, sino que fueron adquiridos por terceros” para utilizar las exoneraciones de impuestos que favorecían al acusado por sus labores como senador.

Es por esto que el Ministerio Público procedió, en un principio, a archivar provisionalmente su expediente por “no encontrar pruebas suficientes contra Valentín sobre lavado de activos ni enriquecimiento ilícito” y, posteriormente, amparado por los artículos 30, 88, 281 y 378 del Código Procesal Penal, se determinó el archivo definitivo en favor de Valentín por “no tener pruebas suficientes que justifiquen la probabilidad de una condena”.

Radhamés Segura

En el caso de la acusación realizada a Radhamés Segura, según el expediente archivado, figuraban varias acciones ilegítimas que supuestamente fueron cometidas por el acusado, como aceptar sobornos por parte de Ángel Rondón; asociarse para violentar las leyes con Díaz Rúa y enriquecimiento ilícito. Todas estas acciones se cometieron, presuntamente, mientras Segura fue vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) desde el año 2004 hasta el 2009.

Ante esto, las autoridades competentes procedieron a indagar las actividades financieras y todo lo relativo a sus ganancias mientras fue funcionario en la CDEEE, así como revisar las transacciones de sus familiares cercanos y las acciones empresarias donde Camacho estuviera involucrado.

Como resultado, en primera instancia, la PGR procedió a dictar un archivo provisional en beneficio de Segura porque “a pesar del gran esfuerzo que se ha realizado, recopilando y analizando la información recibida, no basta para fundamentar una acusación que justifique la probabilidad de una condena”.

Un año después, se dispuso el archivo definitivo del mismo bajo el establecimiento del artículo 281, numeral 6 del Código Procesal Penal que reza que “es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal”.

César Sánchez

La misma suerte corrió el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) César Sánchez, que al igual que en los expedientes de los demás acusados, no existían “elementos suficientes para probar una condena”. En ese orden, la PGR, antes de dictar este elemento, se dispuso a indagar sobre todo el movimiento financiero del acusado, “sin encontrar ningún elemento probatorio en su causa”.

En el documento de archivo de Sánchez se le acusaba de aceptar sobornos de manos de Ángel Rondón, asociación con el empresario para viabilizar la construcción de una hidroeléctrica, enriquecimiento ilícito y adquisición de fondos productos del soborno, mientras fue administrador general de la CDE en el periodo 2000-2004.

Un año después, luego de ser firmado su archivo provisional, se procedió a establecerse en favor de Sánchez un archivo definitivo de su expediente en el alegato de la falta de pruebas para verificar la ocurrencia de los hechos que lo acusaban.

Bernardo Antonio Castellanos

En el caso del ingeniero Bernardo Antonio Castellanos, su primer dictamen fue archivo definitivo, a diferencia de los mencionados anteriormente que tuvieron el archivo provisional en primera instancia.

Mientras Castellanos fue director de proyectos hidroeléctricos de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID),en el periodo 2000-2004, realizó supuestas actividades ilícitas que lo involucraban en el caso Odebrecht.

Sin embargo, según el documento de archivo de la PGR, “no existe la posibilidad de incluir evidencias que permitan variar el estado del presente proceso” y, por tanto, Castellanos fue beneficiado con archivo definitivo de sus pruebas y procesos.

Ruddy González

Para Ruddy González, en su periodo como legislador, la PGR dictó archivo provisional y luego, archivo definitivo por la falta de pruebas en su contra. En el mismo documento figura su acusación en la que se le señala por, supuestamente, recibir sobornos de la constructora Odebrecht mientras fue legislador, pero las autoridades no identificaron patrones mientras ejerció su función desde el 2002 hasta el 2016.

Máximo Leonidas De Oleo

De su lado, Máximo Leonidas De Oleo, según el documento de acusación, estuvo acusado por presuntamente aceptar sumas de dinero de sobornos y asociarse con Ángel Rondón para viabilizar la construcción de una hidroeléctrica mientras fue director de EGEHID.

Los documentos de la PGR evidencian que los movimientos financieros de De Oleo no contienen la relevancia necesaria para considerarse como acusatorios, por lo que se dictó archivo provisional y luego archivo definitivo.

Temístocles Montás y Alfredo Pacheco

Estos favorecimientos también fueron establecidos para Temístocles Montás y Alfredo Pacheco, por sus señalamientos en el caso y acusaciones de recibimiento de sobornos y enriquecimiento excesivo. Por las investigaciones que llevó a cabo la PGR, según los documentos, no habían pruebas suficientes para proseguir un juicio contra ellos. Como resultado, ambos fueron favorecidos con archivo provisional y luego definitivo.

Todos los acusados mencionados en esta publicación tuvieron medidas coercitivas de prisión preventiva, impedimento de salida del país, pagos remunerados al Estado y presentaciones periódicas.

La diferencia puntual entre archivo provisional y definitivo es que el primero se da cuando no se han podido obtener resultados suficientes para deducir una imputación, mientras que el otro se produce cuando no se llegaren a establecer elementos de convicción.

En estos casos, todos estos archivos fueron firmados por el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez y por el procurador interino de la corte de apelación, Narciso Escaño. En estos documentos no figura la autorización ni firma de la entonces titular del PEPCA, Laura Pelletier. Es por esta razón que las actuales autoridades de la PGR afirmaron que investigarán estos archivos.

(El Nuevo Diario / Ismael Hiraldo)

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