Santiago, R.D. — Tras ponderar la investigación preliminar del Ministerio Público y establecer la gravedad de los hechos, un tribunal de Santiago impuso medidas de coerción contra los 11 agentes policiales implicados en la muerte de cinco hombres ocurrida el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago declaró el caso de tramitación compleja y dispuso prisión preventiva para el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación, quienes cumplirán la medida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Asimismo, el tribunal impuso garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica a los oficiales Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, quien presidió la audiencia de más de seis horas, también acogió la solicitud del Ministerio Público para emitir órdenes de protección a favor de víctimas y testigos del proceso.
El Ministerio Público acusa a los agentes de la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito, 26 años), Julio Alberto Gómez (La Tabla, 28), Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc, 40), Edward Bernardo Peña Rodríguez (35) y José Vladimir Valerio Estévez (25).
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, enfatizó que el Ministerio Público “ha asumido con firmeza este caso” y que se garantizará justicia.
“Desde el principio nos hemos comprometido. Ya investigamos y procesamos estos hechos que produjeron cinco muertos, y es necesario que se haga justicia”, declaró Camacho, acompañado de las fiscales Quirsa Abreu Peña, Yeny Liranzo y del procurador de corte Héctor García.
Camacho destacó además que “como sociedad debemos aprender a prevenir hechos de esta naturaleza para que no se repitan”.
Según la solicitud de medida de coerción, los imputados llegaron al lugar en tres vehículos (un Mazda, un Honda Civic y un KIA K5 del 2013) y, sin mediar palabras, dispararon contra las víctimas. El documento añade que los agentes sustrajeron los DVR de los negocios del área y teléfonos celulares para eliminar evidencias, incluso obligaron al propietario de un local cerrado a entregarles el sistema de grabación.
El caso fue calificado como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
Tras el suceso, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó una investigación exhaustiva para establecer las circunstancias del hecho y proceder conforme a la ley.
-
-
-
-
-
-
-
