El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este lunes al mandatario salvadoreño Nayib Bukele como un “violador sistemático y serial de los derechos humanos” después de que Bukele propusiera intercambiar 252 venezolanos deportados por igual número de “presos políticos” recluidos en cárceles venezolanas.
Según Bukele, Estados Unidos deportó a 252 ciudadanos venezolanos que actualmente se encuentran presos en El Salvador por supuestos nexos con pandillas. A cambio, ofreció la liberación de un grupo equivalente de reclusos políticos encarcelados en Venezuela.
Durante su programa semanal de televisión, Maduro instó a Bukele a “ponerse a derecho” y responder a las preguntas formuladas por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien denunció la desaparición forzada de migrantes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). “Y más temprano que tarde, póngalos en libertad incondicionalmente, libertad incondicional para los jóvenes que están secuestrados en El Salvador”, subrayó el jefe de Estado.
Saab precisó que los 252 venezolanos deportados no han sido presentados ante un tribunal ni han podido acceder a asistencia legal. Además, aseguró que muchos de ellos carecen de atención médica y permanecen “desaparecidos” dentro del Cecot. El fiscal comparó esta situación con la de personas detenidas en Venezuela por presuntos intentos de magnicidio, argumentando que los deportados salvadoreños no han cometido delito alguno ni en Estados Unidos ni en El Salvador.
La oferta de Bukele se enmarca en la política de deportaciones de la administración del expresidente Donald Trump, quien recientemente arremetió contra la Corte Suprema de Estados Unidos por suspender expulsiones de migrantes venezolanos desde Texas a El Salvador. El gobierno salvadoreño, aliado clave de Trump en materia migratoria, recibió en poco más de un mes a 288 deportados, de los cuales 252 eran venezolanos.
En paralelo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a Bukele la liberación de los ciudadanos colombianos también recluidos en el Cecot. Por su parte, la Casa Blanca se encuentra en un pulso con jueces federales y grupos de derechos humanos, que acusan al gobierno de Trump de violar garantías procesales con sus políticas de deportación.
Uno de los casos más emblemáticos es el del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado el 16 de marzo bajo acusaciones de pertenencia a la MS-13. Aunque la administración estadounidense reconoció que su expulsión se debió a un “error administrativo” —debido a que tenía protección legal desde 2019—, se niega a gestionar su repatriación alegando que ya está bajo la jurisdicción de El Salvador.
Venezuela ha solicitado formalmente a la Fiscalía General y a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que se pronuncien sobre recursos de habeas corpus presentados por la defensa de los migrantes. Mientras tanto, la tensión diplomática entre Caracas y San Salvador sigue en aumento, con la cuestión de los derechos humanos y la legalidad internacional como eje central del choque.
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